Anticorrupción pide penas de cárcel para la antigua cúpula del Banco de Valencia

Los miembros del último consejo del Banco de Valencia deben ir a prisión, según la Fiscalía Anticorrupción. Así figura en las calificaciones previas al juicio oral que se han presentado y en las que el ministerio público exige para ellos entre cuatro años y dos años y seis meses de condena por el falseo de cuentas. Teniendo en cuenta que las penas superiores a los dos años significan el ingreso en la cárcel sin posibilidad de alternativa, de los procesados únicamente el entonces auditor de Deloitte, Miguel Monferrer, se enfrenta a menos: un año y seis meses, además de una multa, al ser considerado cooperador necesario en el delito de la cúpula de la entidad.

La acusación pública considera que se produjo un delito societario continuado de falsedad en las cuentas de la entidad durante los años 2009 y 2010. El motivo es que el Banco de Valencia ofreció a sus accionistas desde 2008 unos resultados que no reflejaban una imagen fiel de su situación, pese a que el Banco de España lo advirtió hasta siete veces en dos años a sus responsables, según ha permitido acreditar la investigación de la Audiencia Nacional.

Es más, los sucesivos informes, requerimientos y cartas que se cruzaron la entidad y el regulador fueron muchas, aunque no se informara a los accionistas. Anticorrupción considera que todo empezó cuando la entidad presentó las cuentas del primer semestre de 2011 con unos beneficios de 16,7 millones y unas expectativas optimistas, pese a no haber cumplido sus compromisos con el regulador para ampliar capital con el objetivo de volver a los ratios de solvencia mínimos ni hacer las provisiones adicionales necesarias.

La fiscalía considera que la política desarrollada «era explicada, primero ante la comisión ejecutiva y, posteriormente ante el pleno del consejo de administración, para su posterior aprobación». En ese sentido apunta que «el conocimiento de todos sus miembros sobre la forma de operar de la entidad y su cambio respecto de su línea tradicional de negocio era amplia y plena».

Esa nueva orientación «se mantuvo, basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su escasa prudencia y elevado riesgo, haciendo posible el crecimiento por la financiación de operaciones de importe elevado, desproporcionado para el balance, para los recursos propios y para la capacidad de gestión del propio banco», dice la fiscalía.

En muchas ocasiones, se hizo a costa de «créditos basados en meras expectativas especulativas de los suelos que se financiaban con los mismos», confiando en que sus problemas se resolverían con el respaldo que suponía tener como accionista principal a Bancaja y la perspectiva de ampliar capital en el futuro. Tampoco la auditoría apuntó la ausencia de provisiones ante los descuadres de compañías participadas que terminaron por revelarse claves en el desastre.

Por todo ello, para el expresidente José Luis Olivas y el exconsejero delegado Domingo Parra se demanda cuatro años y seis meses de prisión y multa de 45.000 euros, a razón de quince meses con una cuota diaria de 100 euros, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria durante la condena.

A los exvicepresidentes Antonio J. Tirado y Celestino Aznar y a los empresarios y consejeros Agnès Noguera, José Segura y Silvestre Segarra, tres años de prisión y multa de 36.000 euros, además de la privacion de trabajara en banca durante su condena, como al resto de acusados. Tras ellos, se demanda para los otros de miembros del órgano, Manuel Olmos, Mª Irene Girona, Marita Boluda, José Luis de Quesada, Pedro Muñoz y Federico Michavila, dos años y seis meses de prisión y multa de 27.000 euros.

Por último, se pide para el auditor Miguel Monferrer un año y seis meses de prisión y multa de 21.000 euros, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad auditora durante el tiempo de la pena.

La Fiscalía Anticorrupción da por acreditada tras la instrucción la existencia de un perjuicio y establece que todos los exconsejeros, el expresidente José Luis Olivas y el exconsejero Domingo Parra indemnicen como responsables civiles directos a los accionistas del Banco de Valencia que no formaban parte del consejo de administración en los ejercicios 2009 y 2010, sobre los que se acreditó un falseo de cuentas, «en la cantidad que resulte acreditada de la prueba que se practique en el acto de juicio oral». Sin embargo, ante lo elevado que puede llegar a ser el montante (y que los accionistas estiman en 450 millones de euros), la fiscalía suma en sus calificaciones como responsables civiles a Bancaja y el operador de Banca Seguros vinculado del Grupo Bancaja, mientras que son responsables civiles subsidiarios las sociedades de la entidad y las empresas y organizaciones a la que estaban representando los consejeros.

Se trata de Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Bancaja Hábitat, Bancaja Centro de Estudios, Bankia, Banco Financiero y de Ahorro (BFA) y Tenedora de Acciones, S.L.U., por parte de la entidad. A su vez, se equipara la obligatoriedad de pago a la sociedad de Agnès Noguera, Libertas 7; la de Manuel Olmos, Macomar Inver, S.L.; la de María Irene Girona, Minaval, S.L.; el Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social al que representaba Pedro Muñoz; la Fundación Bancaja y la auditora Deloitte. La entidad contaba con unos 500 millones de acciones, de las que Bancaja acumulaba el 37% y hasta el 70% estaba en manos de los consejeros.