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ONGs y empresas son las dos instituciones que más confianza generan entre la población española, con 53 y 51 puntos, seguido de los medios de comunicación (40 puntos) y casi a una distancia de 20 puntos se sitúa el Gobierno. Es el principal titular que arrojaba hace unos meses el barómetro de confianza que cada año elabora Edelman y en el que, por primera vez desde su publicación (empezó en el año 2000), los encuestados consideran a las compañías como «éticas y competentes» frente a un Gobierno que, por ejemplo, aviva la desconfianza. En el ejercicio anterior (2021) el barómetro situaba a las empresas como las organizaciones en las que más confiaban los españoles.
«Las posiciona en un nuevo rol como agentes del cambio», destacaban los responsables del informe que también ponían sobre la mesa que los ciudadanos ven a las empresas como «la institución más capaz de resolver los problemas de la sociedad». Lo resume también el presidente de la Confederación Empresarial de de la Comunitat (CEV), Salvador Navarro, al asegurar que una empresa «es parte de la solución a los problemas que tenemos y no parte del problema». «Qué hubiera sido de España sin el trabajo de las empresas en la pandemia, especialmente los supermercados y la logística; apoyando a las Administraciones en servicios, etc.», recuerda el presidente de Étnor, Pedro Coca.
Pese a esa percepción ciudadana recogida por Edelman hay un partido político, Podemos, que ha convertido sus críticas hacia los empresarios en una de sus señas de identidad, como ha hecho bandera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en sus incontables desencuentros. El último, ese «alguien se está forrando» que le valió un rifirrafe dialéctico con la patronal catalana Foment del Treball.
Otra ministra, en este caso la de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha querido tener su propia proyección mediática esta semana a cuenta del empresariado y no dudó en acusar de «capitalista despiadado» a la gran distribución, ejemplificándolo en el nombre del presidente de Mercadona, Juan Roig. A partir de ahí, y a pesar de los esfuerzos del PSOE (con recados de Pilar Alegría, Nadia Calviño, Isabel Rodríguez o Patxi López), Belarra hacía caso omiso a sus socios de Gobierno e insistía en cargar contra los empresarios al tiempo que pedía la intervención de la economía para regular los precios. Situación idéntica en sus homólogos valencianos, con un vicepresidente segundo, Héctor Illueca, quedándose solo en las críticas al desmarcarse el tripartito, ya que hasta Compromís les afeó los insultos.
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El dardo de la formación morada se dirige a un sector, el de las empresas, que, en palabras de la vicepresidenta Calviño, es «el corazón» de la economía española. En el caso de la valenciana, el sector privado representó en 2020 el 81,1% del VAB (Valor Añadido Bruto) y el 79,7% del empleo, según datos del INEy el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Según la última EPA, de los 2,2 millones de personas activas en la Comunitat, 1,8 millones trabajan en el sector privado. Son también profesionales liberales y autónomos. En este sentido, el presidente de ATA-CV, Alberto Ara, contesta a Belarra que el estado del bienestar «del que tanto presumimos en España nace del empleo que se crea desde las pequeñas empresas y negocios de autónomos en cada rincón de España al de las grandes empresas».
Si el repaso se detiene en estas últimas, y en concreto en los miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios (son 160 de los sectores más significativos del tejido productivo de la Comunitat), generan cerca de 300.000 empleos y su facturación equivale al 60% del PIB de la Comunitat. En 2021, la cifra del PIB valenciano fue de 112.603 millones, lo que la sitúa en la cuarta posición de España.
Ese volumen de empleo es similar, por ejemplo, al generado por los supermercados en el conjunto de España: cerca de 390.000 empleos directos en 2021. Y, en materia de recaudación, Hacienda ingresó con el impuesto sobre sociedades cerca de 30.000 millones hasta el pasado noviembre, muy por encima de los 26.600 millones de todo 2021.
La riqueza aportada por las empresas valencianas también se puede focalizar en la industria. Así, las que más aportan a la economía son la agroalimentaria, la azulejera, la automoción y la química. En conjunto, representan un 43,1% del valor añadido y un 37,8% del empleo del total de la industria manufacturera de la Comunitat, lo que se traduce en un 6,5% del total de la economía en VAB y un 4,7% en empleo, según un informe del Observatorio GECE de CaixaBank y el IVIE.
Otra cifra que también denota el carácter emprendedor –y de apuesta por el trabajo por cuenta propia– de la sociedad valenciana es el de la constitución de empresas. Según la estadística mercantil elaborada por el Colegio de Registradores, en la Comunitat se crearon un total de 11.966 nuevas sociedades en 2022. Una cifra muy similar a la de 2021, cuando se crearon un total de 11.925 sociedades mercantiles.
«No es concebible un mundo sin la figura del empresario», resalta Pedro Coca, que recuerda que la fundación Étnor lleva 32 años trabajando por el debate cordial y por «hacer ver a la sociedad que las empresas funcionan como agente social y que tienen compromisos éticos» al tiempo que lamenta «la fijación política por los empresarios».
«Hoy su única razón de ser no es ganar dinero, eso es un concepto de los años 70, sino que además de satisfacer la necesidad de productos o servicios, se preocupan por sus grupos de interés, generan bienestar, empleo o beneficios. Generan riqueza y luego otros deben administrarla de forma adecuada, como apuntó Roig esta semana», reflexiona Coca.
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Jon Garay y Gonzalo de las Heras
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