Muface pone fin a la crisis que durante casi cinco meses ha mantenido en vilo a 1,5 millones de funcionarios y familiares que apuestan ... por esta cobertura sanitaria. Asisa confirmó ayer que finalmente acudirá a la nueva licitación mejorada del Gobierno, cuyo plazo vence el 4 de marzo, para seguir prestando esta asistencia, siguiendo los pasos de Adeslas, que ya hizo lo propio hace unos días.
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La decisión supone un auténtico balón de oxígeno para el Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López, que ha vivido intensas semanas de negociaciones dando su brazo a torcer frente a las exigencias de las aseguradoras, que el pasado octubre dejaron la primera licitación desierta ante una mejora de las primas insuficiente para compensar las pérdidas de los últimos tres años por el servicio, que desde el sector cifran en casi 600 millones de euros.
Asisa se presentará al concurso tras haber analizado los pliegos de la última oferta, que implica una mejora del 41,2% en esas primas para el periodo 2025-2027, muy por encima de la propuesta original de octubre, que suponía un alza del 17% para solo dos años. Ante el rechazo del sector, el Ejecutivo mejoró su oferta al 33% a finales de 2024, para volver a elevarla después a la referencia final.
Las aseguradoras han valorado positivamente el esfuerzo de Función Pública para dotar de mayor presupuesto a Muface. En un comunicado, Asisa menciona factores «decisivos« en los nuevos pliegos »para poder mantener la calidad de la asistencia», en alusión no solo a la financiación, sino también a la demografía -al incluir que la mejora de primas se realice por tramos de edad y no de forma lineal como hasta ahora-, las coberturas o la oferta de servicios. «Apreciamos el esfuerzo que ha hecho la Administración para mejorar la financiación e introducir algunos elementos que añaden equidad al modelo», apunta.
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Otro factor determinante es que, a partir de ahora, las aseguradoras podrán solicitar una compensación por posibles pérdidas en determinados casos que provoquen que el presupuesto se desvíe de lo dispuesto en un principio, como ha ocurrido estos últimos años por el incremento de pacientes derivado de la pandemia y el duro periodo inflacionista que disparó el coste del servicio.
Cabe recordar que Asisa cuenta con un total de 363.946 funcionarios en cartera, siendo la segunda mayor del colectivo por detrás de Adeslas, que cuenta con 508.703 mutualistas, el 33% del total.
Ahora falta por ver qué pasará con los 199.619 mutualistas de DKV, la tercera aseguradora que actualmente presta el servicio y la más reacia a volver a hacerlo. De hecho, la firma no acudió a la licitación para el nuevo concierto de los 8.000 funcionarios y familias en el extranjero, que actualmente lleva en solitario hasta que entre en vigor el nuevo concierto, adjudicado finalmente a Nueva Mutua Sanitaria.
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Si, como todo parece indicar, DKV se retira también del servicio a nivel nacional, esos empleados públicos tendrán dos opciones: pasar a engordar las carteras de Adeslas y de Asisa o entrar a formar parte del Sistema Nacional de Salud. Esta última posibilidad sería vista con buenos ojos por Sanidad, que en un reciente análisis defendía la capacidad de la sanidad pública para absorber toda la cartera de Muface.
Este estudio generó fuertes críticas por parte del sector privado, que recuerda la fuerte presión que ya presenta la seguridad social en listas de espera. A junio de 2024, alcanzaban los 121 días para las intervenciones quirúrgicas y los 94 días para la consulta a especialistas. Según datos de la Fundación IDIS, vinculada a las aseguradoras, esas cifras duplican y triplican, respectivamente, los registros de hace ocho años.
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En todo caso, Función Pública es consciente de que, pese a haber salvado in extremis el nuevo concierto de Muface, el modelo necesita una revisión ante la realidad de un incremento exponencial en el volumen de pacientes más mayores, los que necesitan mayores atenciones médicas. De hecho, el 31% de los funcionarios que eligen la sanidad privada son mayores de 65 años.
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