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Tras la multa millonaria impuesta este viernes a las aerolíneas 'low cost' en España, muchos se preguntan si van a tener que seguir pagando por el equipaje de mano cuando viajen en Ryanair, Volotea, Vueling y Easyjet. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no ha tardado en pronunciarse al respecto, subrayando que, por el momento, «cobrar por el equipaje de mano no es una práctica ilegal porque las sanciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aún no son en firme y porque, además, las aerolíneas afectadas tienen la opción de presentar recursos».
«En primer lugar, hay que esperar a que salga la decisión administrativa firme y ver las distintas vías judiciales» que toman las aerolíneas, ha señalado el presidente de la patronal, Javier Gándara, en rueda de prensa, y ha advertido de que las informaciones publicadas este viernes pueden dar lugar a que haya pasajeros que acudan a los aeropuertos «pensando que esta práctica es ilegal cuando realmente no es el caso».
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La patronal, que representa a estas cuatro aerolíneas, ha recalcado que la prohibición de esta práctica puede tener efectos sobre la economía turística española al convertirse en un revulsivo para aquellos turistas que tendrán que pagar «por servicios que no necesitan» a la hora de viajar al país. En este contexto, estiman que entre el 30% y el 40% de los pasajeros viajan sin maleta de mano, solo con el bulto incluido -que debe caber debajo del asiento delantero-.
Por tanto, ALA aboga por que España se acoja a lo que dicta la CE, que ya emitió una recomendación para que las aerolíneas unificaran sus políticas de equipaje y subraya que si un país toma medidas así «unilateralmente», puede provocar «una desventaja competitiva y un poco de caos».
Por su parte, FACUA advierte de que los consumidores tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra y señala que está tramitando numerosos casos en defensa de afectados. En caso de recibir respuesta negativa de las aerolíneas, la asociación les insta a interponer denuncias ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas solicitando sanciones y a acudir a los tribunales. Pueden hacerlo sin coste, ya que para cantidades inferiores a 2.000 euros no es obligatorio acudir con abogado ni procurador.
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