La Audiencia Nacional absuelve a todos los acusados por el caso Banco de Valencia

Así, la sentencia, fechada el 13 de enero y dictada por el magistrado José Manuel Fernández Prieto, absuelve a los exconsejeros del delito societario continuado de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2009 y 2010 del Banco de Valencia, declarando de oficio las costas causadas en el presente procedimiento. Contra la misma, según recoge el documento, cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

De esta forma, quedan exculpados el expresidente de la entidad y expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, y el consejero delegado del banco, Domingo Parra, así como los empresarios Celestino Aznar, Antonio Tirado, José Luis Quesada, María Dolores Boluda, Federico Michavila, Silvestre Segarra, Agnés Noguera, Irene Girona y Manuel Olmos. También Miguel Monferrer, socio de Deloitte y auditor de las cuentas del desaparecido Banco de Valencia.

Según la sentencia, «resulta harto complicado llegar a apreciar en los acusados el dolo de falsear las cuentas del Banco de Valencia de los ejercicios de los años 2009 y 2010, cuando todos ellos eran conocedores de que dicha entidad bancaria se encontraba sometida a una inspección continuada por el Banco de España, al menos desde el año 2008, y que los inspectores se encontraban en continuo contacto con los directivos del Banco de Valencia por lo que había una altísima probabilidad de que cualquier dato inveraz fuera detectado por los inspectores».

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado penas de dos años de cárcel para Olivas y Monferrer y de dos años y medio para Parra, mientras que había retirado la acusación para al resto de acusados en su informe de conclusiones definitivas, conocido el pasado diciembre. De esta forma el ministerio público rebajaba la petición de cárcel para los máximos responsables de la entidad y la aumentaba para el auditor.

Las defensas habían alegado en el juicio indefensión por haberse vulnerado el principio acusatorio a lo largo del procedimiento, pues no se hicieron constar las falsedades concretas que se les imputaban ni en los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones, ni el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado. Tampoco, argumentaban, se había puesto de manifiesto al ser interrogados en fase de instrucción.

La sentencia, tras hacer un repaso de los hechos y analizar la doctrina del Tribunal Supremo, explica que con sólo leer el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado se aprecia que en el mismo no se hace mención a los estados intermedios de 2009 y 2010, por los que se formula acusación, por tanto no puede ser objeto de la presente causa, máxime cuando ni siquiera en el escrito de conclusiones se refiere cuáles son los apartados de tales estados que se pretenden falsos.

Lo mismo podría decirse, añade el fallo, respecto de las falsedades de las cuentas de los citados ejercicios que se imputan a los acusados, de las que ni en el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado ni en ninguno de los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones se reseñan los concretos apuntes contables que se dicen falsos. Lo máximo que se refiere por vía de informe, indica el magistrado, es que los acusados eran conocedores de los mismos por estar descritos en los informes emitidos por la Inspección del Banco de España.

Por ello, estima el juez, «resulta harto complicado llegar a apreciar en los acusados el dolo de falsear las cuentas del Banco de Valencia» y critica la «acusación tan vaga». Para el magistrado resulta claro que en ninguno de los escritos de acusación se refiere ocultación de datos verdaderos ni incorporación de datos falsos en el balance ni en las cuentas anuales, fundando la acusación en el desacuerdo de los inspectores del Banco de España.