La Audiencia vuelve a imputar a la cúpula de Aidico por un fraude de siete millones

Una vez más un instituto tecnológico y, de nuevo, la sospecha de fraude tras la gestión de estas entidades. En este caso se trata del Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico) y de la desaparición de siete millones de euros destinados a la «construcción de las nuevas instalaciones en centro tecnológico de mármol y actividades mineras y de equipamiento». Un proyecto en Novelda para el que se obtuvieron ayudas de diferentes organismos, los siete millones, pero que «supuestamente se destinaron a fines distintos», según recoge la resolución de la Audiencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El caso de Aidico, es algo menos conocido que el fraude de las subvenciones en Aido, otro de los asuntos bajo investigación judicial por un enorme fraude de subvenciones. Pero las irregularidades, a grandes rasgos, coinciden. En ambos asuntos se investigan el uso de ayudas públicas de diferentes organismos, entre ellos de la Unión Europea, para otras actividades.

La causa, tras más de cuatro años de instrucción, experimentó un significativo avance a principios de 2019 con el procesamiento del director gerente de Aidico, Ramón Congost. Sin embargo, el juez de Paterna que investigaba los hechos dejaba fuera al resto de altos cargos. La Fiscalía recurrió. Y la Audiencia le ha dado la razón. La Sala ha ordenado la reapertura del asunto para el presidente, el vicepresidente segundo y el director financiero de la entidad. Aprecia indicios de criminalidad suficientes como para sentarlos en el banquillo de los acusados.

El tribunal, en una resolución a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, admite que el consejo rector no se reunió entre enero y noviembre de 2010, periodo en el que la entidad recibió la totalidad de los siete millones. Sin embargo, al órgano le corresponde «la revisión y supervisión de las funciones de los órganos ejecutivos en la gestión directa de los fondos». Entre estos, «los grandes problemas económicos» que arrastraba la entidad, tal y como han admitido alguno de los investigados. Debió el presidente «convocar» el órgano y no lo hizo, se indica en el auto. La Sala considera que no resulta verosímil el argumento «del desconocimiento».

La resolución censura, por otra parte, la «actitud pasiva» de los investigados que no han ayudado en el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, en la documentación aportada para el informe pericial como de la información «sobre el destino final» de los fondos y más cuando para la disposición de cantidades se necesitaba de una firma mancomunada.

De igual modo, la investigación ha permitido reunir «indicios de criminalidad» contra el director financiero porque conocía los movimientos y disposiciones efectuadas. Los magistrados reprochan también su falta de colaboración con los investigadores. Así, una vez analizadas las contradicciones de la cúpula directiva y el estado de la causa, la Sala ordena continuar el procedimiento penal para los nuevos encausados. Admite el tribunal que se desconoce en este punto de las pesquisas si hubo o no intencionalidad en los hechos que se relatan en la querella. Pero esto, lógicamente, se debe analizar en el juicio.

La Generalitat también ejerce la acusación en este asunto. La Abogacía se sumó a los argumentos de la fiscalía para pedir la reapertura de la causa contra parte de la cúpula. En definitiva, la Audiencia mantiene su criterio: «Siempre que exista una tesis acusatoria plausible debe permitirse la celebración del acto del juicio».