Una cosa es trabajar y otra cobrar. Esto es lo que evidencia la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA con su nuevo informe sobre los plazos de morosidad de las administraciones públicas con los autónomos a cierre del primer trimestre de 2019.
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Pocas plazas se salvan, pero el caso valenciano es especialmente llamativo, ya que es la de Valencia la diputación que más tarda en pagar , con 69 días de tardanza; y la Generalitat, la segunda autonomía que más se hace esperar, por encima del límite legal de 30 días con pagos 53 días tarde, de media. Si, además, el profesional afectado trabaja con el Ayuntamiento de Valencia o el de Torrevieja, se completa el círculo, al ser los dos mayores consistorios de la Comunitat que vulneran la legislación en su demora, con 47 y 50 días, respectivamente.
En el resto de España, la media de los periodos de pago de las administraciones autonómicas y central en el primer trimestre de 2019 se han fijado en 39 días y la media de la administración local duplica ese periodo establecido por ley y abona sus facturas en 60 días. Los autónomos en Cantabria han tenido que esperar 90 días para cobrar sus facturas, contando con el marchamo de ser la autonomía que más tarda de media en pagar a sus proveedores, triplicando el periodo que marca la ley.
Por lo menos, la Comunitat Valenciana le sigue a cierta distancia desde el segundo puesto y, en tercer lugar e incumpliendo los plazos, se sitúan las regiones de Murcia e Islas Baleares, con 49 días de media.
Las empresas entre sí no tienen especial piedad a la hora de pagar. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA, las mercantiles tardan 71 días en abonar sus obligaciones con proveedores, 41 más que el máximo legal.
Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, se puede afirmar que son los autónomos sin trabajadores y aquellas pequeñas empresas que tienen hasta 9 trabajadores o de 9 a 50 trabajadores las que antes pagan a sus proveedores. Según van escalando el tamaño de empresa, va empeorando los periodos medios de pago, siendo nuevamente las empresas de más de 1.000 trabajadores las que más tardan en pagar las facturas pendientes, concretamente 111 días.
Los autónomos en el primer trimestre del año han pagado sus deudas con otros autónomos en una media de 40 días de plazo. Las empresas de menos de 9 trabajadores pagan sus facturas en 49 días, aunque sean conscientes del daño que produce la Morosidad en el resto de pequeñas empresas y autónomos. Las empresas de entre 9 y 50 trabajadores también pagan con retraso, pero de 57 días.
De 50 a 250 empleados tienen las empresas que de media tardan unos 64 días en pagar las facturas a otras empresas. Y a partir de aquí, los periodos medios de pago se disparan: las empresas de entre 250 y 1.000 trabajadores y las de más de 1.000, no satisfacen sus deudas con sus proveedores hasta que pasan más de tres meses: 105 días de media de espera y 111, respectivamente.
El informe sobre la morosidad pública de ATA se fija también en los tiempos de demora de las diputaciones provinciales, lo que incluye cabildos insulares, en el caso de Canarias, y consejos insulares en el de Islas Baleares. A cierre de marzo de 2019, la Diputación de Teruel, destaca por su celeridad a la hora de pagar los trabajos realizados por los autónomos y lo hace en una media de dos días. En cinco días paga la Diputación de Toledo; en 8 días de media, A Coruña; y en algo más de una semana (10 días) lo hace la Diputación de Castellón.
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A pesar de la buena media de Castellón y que la Diputación de Alicante paga dentro de plazo, con sus 26 días, la Diputación de Valencia es la diputación que más tarde paga de toda España, abonando sus facturas con una media de 69 días de espera. Tras la de Valencia, destaca por la tardanza en pagar el Cabildo de Lanzarote, con 62 días de media; la Diputación Provincial de Ávila, con 56 días; la de Almería, con 49 días de espera y las de Ibiza y Jaén con una media de 55 días de espera.
Aún por encima de los 30 días pagan las administraciones provinciales de Cádiz, con 43 días de media de espera; Salamanca, 42 días; Málaga, 36 días; y 35 días de tienen que esperar de media los proveedores que trabajan para los consejos insulares de Mallorca y Menorca y el cabildo de Tenerife.
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Sin embargo, la administración local es la peor pagadora, según los autónomos de ATA, ya que se demora de media dos meses, 60 días, en pagar a sus proveedores. Además, es el tipo de administración para la que trabajan más autónomos y, sin embargo, doble el máximo legal. En todo caso, hay municipios que registran unos datos mucho más altos. Es el caso de ayuntamientos como los de Jaén que sigue siendo, una vez más, el consistorio que más tarda en pagar de España, al hacerlo en una media de 531 días. Es decir, que un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamiento cobrará, de media, casi 18 meses después de presentar la factura.
Seis meses y medio esperan los proveedores en Jerez de la Frontera (198 días), y casi medio año en Granada (177 días). Tres municipios más de Andalucía completan este listado de los peor pagadores: Algeciras, con 170 días de espera; Vélez-Málaga, con 143 días de media de espera; y El Puerto de Santa María, con 131 días. Esto contrasta con que la administración regional en Andalucía paga dentro del plazo de 30 días, los seis ayuntamientos que más tardan en pagar de España son andaluces.
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Por el contrario, ATA destaca que hay ayuntamientos que realizan una buena gestión de sus facturas y no sólo cumplen la Ley de Morosidad sino que pagan en menos de dos semanas. Así, la administración local de Lugo es la que antes paga a sus proveedores, al hacerlo en 12 días de media, seguida del ayuntamiento de Roquetas de Mar y Torrent , con 13 días; Girona, con 14 días de media; Cornellà y Barcelona, con 16 días de media y Zamora y León, ambas 17 días de media.
Desde la organización, su presidente nacional no ahorra críticas. «Tanto en la Administración pública como desde las grandes empresas privadas se siguen incumpliendo los periodos medios de pago con los autónomos», sentencia Lorenzo Amor. «La morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación. No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por ley», insiste, como en ediciones anteriores de esta comparativa que redacta la organización.
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En opinión del empresario, los datos muestran que la morosidad no tiene nada que ver con el tamaño de la Administración, ni de la población, sino que considera que es cuestión de gestores, «buenos y malos», sentencia. «Y parece que sólo cuando hay castigo, estos malos gestores reducen la mala práctica de financiarse a través de la deuda contraída con pequeños proveedores», afirma Amor.
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