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El Consell estudia ayudas directas a autónomos mientras los ERTE alcanzan los 11.000 afectados

Puig anuncia 57 millones para que «nadie tenga que dejar su actividad» y la patronal reclama «una moratoria absoluta de impuestos y pagos»

inés herrero

Valencia

Miércoles, 18 de marzo 2020, 13:58

Los autónomos están en el epicentro de las preocupaciones de índole económica por la crisis del coronavirus, como las pymes y los cerca de 11.000 trabajadores que se han visto afectados por los 781 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) solicitados en la Comunitat Valenciana en apenas seis días, del 12 al 17 de marzo, según los últimos datos que facilitó la Conselleria de Economía.

Así quedó patente también este miércoles en la comparecencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto a los dirigentes de la patronal autonómica, Salvador Navarro, y de los sindicatos mayoritarios, Arturo León, por CC OO, e Ismael Sáez, de UGT.

El mensaje fue unánime, las medidas anunciadas por el Gobierno «van en la buena dirección» y hay que aprovecharlas, aunque no sean suficientes para «contrarrestar la crisis» generada por la pandemia, que obligó a decretar el estado de alarma por segunda vez en la historia de la democracia y a bajar la persiana en un buen número de negocios. Y, de ahí, que Puig prometiese 57 millones a los autónomos «para que nadie tenga que cesar su actividad», a falta de precisar si darán ayudas directas o préstamos.

Al parecer, la Generalitat está estudiando conceder subvenciones a fondo perdido como las lanzadas por Cataluña, de hasta 2.000 euros para cada autónomo que acredite una caída de su facturación por el coronavirus -comparando las cifras de marzo con las obtenidas un año antes-, pero quiere analizar su encaje y compatibilidad con otras ayudas.

El Consell también podría optar por dar préstamos participativos para autónomos, como los previstos en la línea de 40 millones de euros, ampliables, anunciada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para mejorar la solvencia de las empresas y que puedan solicitar préstamos bancarios avalados por el Gobierno y por el IVF, al 50% cada uno.

Según se indicó, esos préstamos computarán como capital de las empresas y el IVF dará una carencia de tres años a esos créditos, por un plazo de diez años.

En el caso de los autónomos, el Consell pretende buscar la mejor opción, junto a la patronal y los sindicatos, para aprobarla la semana próxima en un pleno extraordinario y dar oxígeno de ese modo a unos profesionales que acusan al Gobierno de dejarles «en la cuneta» por no suspender la cuota de cotización a la Seguridad Social mientras dure el estado de alarma por la pandemia.

De hecho, el presidente de la CEV reivindicó, como imprescindible, «una moratoria absoluta de impuestos y el aplazamiento de pagos», desde el IBI a las cotizaciones para quienes no ingresarán ni un euro, para contribuir a evitar «situaciones de nerviosismo y que se puedan tomar decisiones demasiado arriesgadas».

La patronal reclama «soluciones rápidas, definitivas», en detrimento de las promesas futuras del tipo «se hará, se creará o se pedirá». También coincide con los sindicatos en que lo mejor que puede hacer la Administración en esta situación es pagar sus deudas para evitar insolvencias empresariales, como apuntó el secretario general de UGT-PV. Su homólogo de CCOO PV también pidió se respeten todos los contratos con empresas que prestan servicios a las administraciones públicas, y ambos, urgieron a controlar los despidos, los ceses de contrataciones temporales y la situación de los fijos discontinuos que sufrirán el parón turístico.

«Avalancha de parados»

Se espera una «avalancha grande de parados», en palabras de Puig, ante el goteo incesante de ERTE, como los anunciados por Ford, Air Nostrum, Lladró, Marina d'Or y hasta 240 hoteles de la Comunitat, según la patronal Hosbec, que cifró en 16.000 los profesionales del sector afectados por esos ajustes temporales.

En ese contexto, abogaron por agilizar la tramitación de los ajutes por fuerza mayor, «en beneficio de los trabajadores y de la subsistencia de los trabajadores», y realizaron un llamamiento conjunto, verbalizado por la patronal, a «la ética y la moral» para utilizar los ERTE para lo que están, «para una situación temporal, por una coyuntura económica temporal», y limitados por tanto a lo que dure estado de alarma por la epidemia del coronavirus.

La CEV ha trasladado un mensaje de tranquilidad con el fin de que no se tomen «decisiones precipitadas», mientras que CCOO ha manifestado que las administraciones públicas están «detrás» y van a a aportar «recursos ingentes» y UGT ha pedido a los empresarios que no acudan a expedientes de despido.

Puig ha querido huir del alarmismo en una situación «gravísima y de consecuencias enormes» en la que va a haber «una avalancha» de parados por los ERTE, y ha indicado que lo que hay que hacer es trabajar en dar respuesta a los distintos escenarios.

Salvador Navarro ha insistido en que las medidas anunciadas ayer por el Gobierno van en la buena dirección, pero puede que sean insuficientes si no se ponen en marcha de forma rápida y ágil, y ha pedido que se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones si los ingresos de los empresarios autónomos son cero.

Restan servicios a las administraciones públicas valencianas, y después, una vez pase la actual crisis, tendrán que generar estímulos para las contrataciones por las administraciones y los sectores productivos.

Por su parte, el secretario general de UGT-PV ha destacado que cuanto más se agilice la aprobación de los ERTEs más tranquilidad se da, y cuanto antes se hagan efectivas las prestaciones por desempleo, mejor, y ha reclamado que se considere a los fijos discontinuos -que iban a comenzar a trabajar en la hostelería turística de cara a la campaña de verano- en situación de desempleo a partir del 16 de marzo y así tengan derecho al cobro de la prestación.

Sobre los casos de funcionarios contagiados, Puig ha asegurado que se están tomado las mismas medidas que en el ámbito privado y que se insta al teletrabajo.

Y mientras, los supermercados y sus proveedores se afanan por atender a los ciudadanos, con medidas como la anunciada por Mercadona de dar prioridad a las personas mayores o embarazadas.

Los sindicatos exigen a la Generalitat que controle los despidos, pague sus deudas y respete todos los contratos de servicios

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