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Una sentencia pionera obtenida por una trabajadora autónoma del sector turístico reconoce su derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad compatible con el trabajo tras la pandemia por COVID-19. Este fallo sienta un precedente clave en un contexto de creciente litigiosidad sobre estas ayudas.
El caso se centra en las prestaciones reguladas por el Real Decreto-ley 8/2020 y ampliadas en el Real Decreto-ley 24/2020, diseñadas para paliar los efectos devastadores de la paralización económica generada por el estado de alarma. Estas ayudas exigían demostrar una caída de los rendimientos netos obtenidos de la actividad profesional. Sin embargo, muchas Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, encargadas de gestionar las prestaciones, han comenzado a revisar este reconocimiento provisional y solicitar su devolución, tras declararlas como indebidas basándose en interpretaciones restrictivas de la normativa, explican desde Unive Abogados, que ha sido el despacho que ha trabajado en el caso y que logrado la sentencia favorable a los intereses de su cliente.
En este caso concreto, la trabajadora sufrió una paralización total de su actividad como guía turística durante el tercer trimestre de 2020, con una reducción del 100% de su facturación respecto a lo facturado en el mismo periodo de 2019. Pese a cumplir con los requisitos legales y presentar toda la documentación requerida en vía administrativa, la mutua denegó la prestación alegando supuestas deficiencias en las pruebas aportadas.
El Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid reconoció que la afectada cumplió con todas las exigencias legales, aportando declaraciones fiscales y certificaciones que demostraban una caída drástica en sus ingresos, por lo que tenía derecho a percibir esta prestación económica esencial, calculada en base a una base reguladora mensual de 944,40 euros, y que garantizaba su subsistencia en los momentos más críticos de la crisis sanitaria.
Puedes leer la sentencia facilitada por el despacho de abogados.
Carlos Moreno, abogado encargado del caso, ha explicado que «esta victoria no solo reivindica el derecho de los autónomos a recibir apoyo en situaciones excepcionales, sino que también pone de manifiesto la importancia de enfrentar decisiones administrativas injustas con una defensa jurídica sólida y especializada.»
El fallo judicial no solo resuelve el caso particular de la trabajadora, sino que también establece un precedente esperanzador para otros autónomos en situaciones similares, afectados por resoluciones administrativas que no reflejan la realidad de los perjudicados.
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