Los empresarios valencianos estallan contra el Gobierno por la gestión económica del coronavirus

«No pueden tomarse decisiones de manera irreflexiva, generar mayor confusión y atacar directamente a la supervivencia de un gran número de empresas y puestos de trabajo«, sentenció la patronal autonómica sobre la gestión económica del Covid-19. También elevó el tono contra el Gobierno la Asociación Valenciana de Empresarios, presidida por Vicente Boluda y que reúne en su junta directiva a Juan Roig (Mercadona), Araceli Císcar (Dacsa), Adolfo Utor (Baleària) o Federico Michavila (Torrecid), con la advertencia de que «el parón de la actividad económica tendrá efectos devastadores sobre el empleo y la economía».

En un duro comunicado, el influyente 'lobby' empresarial evidenció su enfado con las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que el viernes prohibió despedir mientras dure la crisis y el sábado anunció la paralización de las actividades no esenciales. Para AVE, «no es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la ética de los empresarios y autónomos que, ante esta situación excepcional, están trabajando duramente para mantener la actividad y el empleo y para asegurar la supervivencia de sus empresas«.

La decisión del Gobierno de endurecer el confinamiento y obligar a cerrar todas las actividades no esenciales hasta el 9 de abril desató una oleada de críticas en el empresariado valenciano, que interpreta esa medida como una muestra del «completo desconocimiento del tejido empresarial» de quien la adopta, en palabras de la CEV. Y una exigencia, unánime, de «medidas urgentes para preservar la actividad económica y mantener el empleo, como los países de nuestro entorno», indicó AVE, que alerta asimismo de que «cuantas más empresas paren su actividad, más difícil será la recuperación».

La CEV acusa a Pedro Sánchez de «hacer pagar a las empresas las consecuencias de la crisis sanitaria», sin explicar «cómo van a asumir los permisos retribuidos de los trabajadores si se restringe su actividad y por tanto sus ingresos, si no se aplazan las liquidaciones tributarias ni las cuotas a la Seguridad Social y la liquidez sigue sin llegar«.

A los reproches por ignorar las reiteradas peticiones de aplazar todos los pagos que dependen del Estado para dar oxígeno a las empresas, como las inminentes cotizaciones o las liquidaciones del IVA, se sumaron este domingo las advertencias sobre el coste de paralizar (más) la economía.

Para la patronal autonómica, proteger la salud es prioritario, pero «defender y apoyar a las empresas debe estar en el siguiente escalón» dado que son ellas las que ayudarán a la recuperación. Y es por eso que cuestiona que las restricciones no conlleven «más apoyo para el sector privado» y tilda de «ilógico» pretender que «asuman en solitario los costes derivadas de esta decisión».

La CEV critica que se anuncie ese parón «sin concretar qué se consideran actividades esenciales ni tener en cuenta que el correcto funcionamiento de las esenciales requiere de las no esenciales, lo que demuestra un completo desconocimiento del tejido empresarial«, acusación que suscriben hoteleros (Hosbec) e industria del metal (Femeval).

La patronal urge al Estado a «responder ante las necesidades agudas de liquidez y apoyar a las empresas amenazadas de quiebra por el Covid-19». También Hosbec advierte del «riesgo de quiebra del sistema económico y empresarial español con las decisiones del Gobierno central«.

La entidad, que cerró sus hoteles antes de ser obligatorio, exige «medidas valientes» a un Gobierno que «se equivoca al hacer recaer todo el coste de la crisis en las espaldas de las empresas». Según Hosbec, «ni una sola de las medidas del Consejo de Ministros beneficia a las empresas más allá de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor con condiciones más que discutibles».

La CEV reivindica, además, que «el sector privado ha sido un ejemplo de responsabilidad social, pese al desconcierto normativo«, con donaciones y ofrecimientos de ayuda para superar la crisis sanitaria. Advierte, no obstante, de que si no se actúa también sobre su vertiente económica »esta crisis se llevará por delante, de forma definitiva, un gran número de empresas y puestos de trabajo«.

«Sin las decisiones adecuadas esta crisis coyuntural puede convertirse en estructural», alerta la patronal, y urge a las administraciones a que actúen ya. A la Unión Europea, le afea que sea «incapaz de actuar con la contundencia que cabría esperar».

Sobre la paralización de actividades productivas, Femeval advierte de que «provocará un deterioro del tejido económico difícil de recuperar» y «complicará la lucha contra la crisis sanitaria», al dificultar el trabajo en las actividades directamente implicadas y también en aquellas que les dan soporte inmediato.

Para la entidad que preside Vicente Lafuente, esa medida estatal «desembocará inevitablemente, y en el mejor de los casos, en una grave ralentización de las actividades esenciales, y solo puede ser fruto de la irresponsabilidad y de la más absoluta ignorancia« sobre las consecuencias económicas que generará el parón.

Sobre esta cuestión, el 'president' Ximo Puig admitió que es «difícil distinguir las líneas» entre lo que es actividad económica esencial y lo que no, por lo que demandó al Gobierno una «flexibilidad exigente» a la hora de determinar cuáles deben parar, con la advertencia de que sectores como la industria cerámica no pueden «parar de un día para otro».

En su comparecencia tras participar en la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, indicó que no se plantea una «suspensión absoluta de la economía», pero sí intentar «ralentizar al máximo» la actividad no esencial, y prometió que «la inmensa mayoría» de las peticiones valencianas se contemplarán en el real decreto estatal.

Según Puig, «no puede acabar siendo una medida que tenga consecuencias peores para la ciudadanía», ni hacer que ninguna actividad sufra «un daño irreversible» o, en definitiva, que «el remedio sea peor que la enfermedad«.