El Ayuntamiento culpa al Consell de la demora para refundar Feria

A medida que se aproxima el fin de la legislatura y llega la hora de rendir cuentas sobre los compromisos adoptados por los gobernantes, entre ellos la refundación de Feria Valencia, los implicados se escudan en la complejidad de un proceso que pretendían haber concluido en 2017 y que, en el mejor de los casos, se quedará a medias antes de la próxima cita electoral.

Como publicó LAS PROVINCIAS, la Generalitat ha asumido la deuda financiera por importe de 45,59 millones de euros procedente de la Institución Ferial Alicantina (IFA), más unos 200 de los 480,81 millones correspondientes a Feria Valencia, de momento sin recibir nada a cambio de la millonaria deuda asumida hasta la fecha, como preveía el protocolo de intenciones firmado con las instituciones implicadas.

Desde Hacienda aseguran haber reclamado ya por escrito a IFA la contraprestación pactada, la cesión de una parcela tasada en 22,9 millones para la fallida ampliación que se financió con respaldo público. Según Economía, esa operación se acordará en el próximo Patronato de IFA.

En el caso de Valencia, la compensación por liberar a la Feria de su deuda pasa por una nueva concesión demanial gratuita del Ayuntamiento de Valencia -propietario de los terrenos- a favor de la Generalitat, y no de Feria como la actual, para que la administración autonómica pueda gestionar el negocio ferial mediante la futura sociedad mixta de colaboración público-privada.

Al respecto, desde el equipo de gobierno que lidera Joan Ribó trasladaron a este periódico que «antes de poder resolver la actual concesión de Feria Valencia y sacar una nueva a favor de la Generalitat, la Generalitat ha de acabar de asumir la deuda de Feria y crear la sociedad a la que el Ayuntamiento hará el traspaso». Y también desde Feria Valencia, a preguntas sobre este tema, remiten a las gestiones que lleva a cabo la Conselleria de Hacienda.

Una vez realizado el cambio legislativo necesario, que se retrasó por las disputas entre Economía (Compromís) y Hacienda (PSPV) sobre el grado de privatización de la futura gestora del negocio, el proceso sigue atascado en la asunción de la deuda del recinto valenciano por parte de la Generalitat. En concreto, en la negociación con la compañía que aseguró la operación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los distintos obligacionistas para cambiar el titular de esa deuda, que ahora pasaría a ser la Generalitat.

Se trata de un asunto a cargo del departamento de Política Financiera dependiente de la secretaria autonómica María José Mira (Hacienda), que está «intentando convencer a la aseguradora de que acepte esa subrogación» del préstamo para «evitar el perjuicio que supondría, para la Generalitat y para los inversores», rescindir el seguro de caución y tener que devolver ya los créditos.

Desde Hacienda, no obstante, discrepan de la justificación del Ayuntamiento de Valencia e insisten en que el Consistorio ya puede rescatar la concesión actual y sustituirla por una concesión demanial gratuita para ceder esos terrenos a la Generalitat, sin necesidad de esperar a la disolución de los órganos de gobierno feriales ni a la constitución de la futura sociedad mixta a la que encomendarán la explotación del negocio.