Balón de oxígeno para el expresidente del Consell

El curriculum judicial de José Luis Olivas daría para elaborar una pequeña historia alrededor de la gestión de las cajas, la pérdida del poder financiero en la Comunitat y cómo todo el fango desemboca finalmente en los tribunales. La absolución del expresidente por la salida a Bolsa de Bankia le permite esquivar un primer envite por su gestión financiera. Un balón de oxígeno para afrontar un horizonte judicial trufado de problemas. Y no precisamente livianos. Uno de los más inminentes, el conocido como Grand Coral, aquel macroproyecto en el caribe mexicano, volverá a sentarle en el banquillo por su arriesgada política empresarial, en este caso, al frente de Banco de Valencia. La fiscalía le pide seis años de cárcel por apropiación indebida pero las acusaciones de la Abogacía del Estado, Banco de Valencia y Bankia exigen entre tres y siete. El proceso afronta su recta final y el siguiente paso es el señalamiento del juicio.

La aventura inmobiliaria de Banco de Valencia en el extranjero, la Baja California y Rivera Maya, terminó de forma fallida. Los proyectos del grupo Grand Corald supusieron pérdidas de más de 750 millones de euros para la entidad.

Esa «operativa de desfalco» se llevó a cabo con cinco operaciones: los proyectos 'Emerald', 'Zacatón', 'Piedras Bolas' y 'Vinoramas'; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de los empresarios Ferri y Baldó, clave en toda esta historia. Según el auto de procesamiento, toda esta operativa estaba «realmente» dirigida «desde dentro» de las entidades porque al director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y al consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra «les guiaban espurios intereses económicos» conjuntos con los empresarios Juan Ferri y José Baldó, a lo que se unió la «postura consentidora» de Olivas.

El pasado judicial de Olivas presenta algunos borrones. Un juzgado de Valencia le condenó a año y medio de cárcel por falsear una factura de 500.000 euros y defraudar a Hacienda en relación a su intervención en la venta de la participación de una empresa eólica de Vicente Cotino. Entonces, a través de su empresa Imarol, percibió cerca de medio millón de euros por un supuesto asesoramiento que no supo justificar. Todo fue de manera oral. En el fallo condenatorio ya apuntaban que ese dinero se debió a «motivos inconfesables».

El sumario del caso Erial, años más tarde, pareció aclarar esas incógnitas que dejó en el aire la primera condena. «La cantidad que podría corresponder al pago de un presunto soborno con ocasión del trato de favor recibido por Sedesa en la adjudicación de tres zonas del plan eólico«, recoge uno de los informes policiales que constan en el sumario. La UCO mantiene que tanto Eduardo Zaplana como su jefe de gabinete, Juan Francisco García, recibieron millones de euros por amañar el plan eólico y la privatización de las ITV. La familia Cotino supuestamente entregó el dinero. Olivas, según los agentes, también recibió su pequeña parte al llegar a Presidencia.