Los accionistas de Banco de Valencia reclaman 450 millones en indemnizaciones a su cúpula

La recta final de la instrucción del caso por el supuesto falseo de cuentas de Banco de Valencia en 2009 y 2010 está propiciando la incorporación a la causa de los accionistas que se repartían las 150 millones de acciones ajenas al consejo de administración. En total, su reclamación asciende a 450 millones de euros, una vez acrediten la propiedad de sus participaciones, cosa que pueden hacer hasta que termine el proceso de instrucción la primera semana de julio.

Esta cifra es el resultado del cálculo de la indemnización mínima, que se estima en 2,68 euros por acción, tras restar al activo el pasivo exigible y dividirlo por el número de acciones, más los intereses, según explica el abogado de la asociación de pequeños accionistas Apabankval, Diego Muñoz Cobo, que ha sido designado por el juez como letrado único. De este modo, el especialista valenciano en Derecho bancario ejercerá de coordinador del resto de representantes legales de los accionistas.

La entidad contaba con unos 500 millones de acciones, de las que Bancaja (y posteriormente Bankia) acumulaba el 37%. Hasta el 70% estaba en manos de los miembros del consejo de administración, que estaba formado por Bancaja, Bancaja Hábitat, Bancaja Participaciones, Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Libertas 7, Macomar Inver, Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social, Grupo Bancaja Centro de Estudios, Gesvalmina y Minaval, además de Deloitte como auditor. Todos ellos, con BFA-Bankia y la Fundación Bancaja también como heredera de las ya desaparecidas, tendrán que responder como responsables civiles en esta causa si son condenados sus representantes, como señala Muñoz.

Como explica el informe pericial para el cálculo de los daños y el perjuicios en las acciones de la entidad, el cálculo se ha realizado en función del precio en los ejercicios anteriores a 2011 en los que los inversores realizaron sus desembolsos o tuvieron posibilidad de venderlas, sin saber la situación de las cuentas, que estarían basadas en «una información carente de veracidad, cuestión finalmente puesta en evidencia, y afectando de manera fundamental al valor de las acciones del banco», según el documento utilizado por los partícipes para reclamar su indemnización.

La causa se basa en que, según los cálculos la Intervención General del Estado, movilizada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en las cuentas de 2009 faltó una provisión de 169 millones de euros para hacer frente al riesgo de los créditos fallidos que se estaban produciendo en el sector de la promoción y construcción, así como el resto del tejido productivo.

Sin embargo, ese ejercicio, la entidad presentó unos beneficios de 132 millones y unos ratios de morosidad y solvencia «mucho más favorables» de lo que eran en realidad. De hecho, aplicando la provisión que la Intervención considera necesaria, la entidad tendría que hacer cerrado el año con una pérdidas de 86,23 millones por lo que se corrobora que las cuentas que se presentaron desde la entidad «no reflejarían la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco de Valencia al 31 de diciembre de 2009».

Sin embargo, es en 2010 donde la Intervención General del Estado señala que, «respecto a la conducta de los responsables y el auditor de la entidad, bien no comparten los criterios de clasificación de riesgos y dotaciones» fijados por el Banco de España «o bien, a pesar de ellos, decidieron no contabilizar las coberturas, lo que produce una distorsión» de los balances de la entidad.

Esta actitud llegó hasta 2011, cuando el consejo aprobó unas cuentas en el primer trimestre que alcanzaban unos beneficios de 16,7 millones de euro, frente a las pérdidas de 922 millones con las que cerró el ejercicio ya en manos del Forb y después de un mes y diez días desde su intervención.