La jueza da por prescritas las irregularidades que hicieron perder a la CAM 467 millones

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decreta el archivo de la causa que investiga la participación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en once sociedades inmobiliarias, que habrían generado a la entidad unas pérdidas de 467 millones. La fiscal Belén Dorremochea considera prescrita una posible administración desleal por parte de los investigados, antiguos miembros de la comisión de control de la caja y los de su participada, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), por lo que no se puede seguir investigando.

La fiscal reconoce que en las operaciones «se aprecian evidentes indicios de actos abusivos al haberse concedido por parte de la CAM préstamos hipotecarios para adquisiciones de terrenos por un valor mucho más elevados de los reales», pero descarta también, según informaron a Efe fuentes jurídicas, un supuesto de apropiación indebida, que habría permitido ampliar el plazo de investigación.

El archivo de las actuaciones, que puede ser recurrido, llega un mes después de que el Banco de España aportara un informe en el que denunciaba este perjuicio como consecuencia de que la CAM permitiera «que sus socios se lucraran con independencia del resultado del proyecto» que se hiciera.

El inspector del organismo detalla un 'modus operandi' en el que el socio le vendía a la sociedad que tenía constituida con la CAM el suelo a desarrollar, «a un precio notoriamente superior al de coste», satisfecho mediante un préstamo concedido por la propia entidad. De esta manera cobraban por el suelo vendido como si se hubiera realizado el proyecto íntegro, obteniendo una ganancia no justificada, dado que los beneficios a obtener «eran sólo una mera expectativa» de los socios.

Una de estas operaciones es la de la Ciudad Ros Casares, en el polígono industrial de Vara de Quart de Valencia, una promoción impulsada por la familia de industriales en abril de 2005 y que inicialmente financiaba Bancaja y Banco de Valencia. Sin embargo, ambas renunciaron a cubrir la venta del solar y su lugar lo ocupó la CAM.

A partir de ese momento, pese a que la inversión prevista era de 166 millones, la CAM acabó concediendo 30 millones adicionales «sin que se ejerza un control adecuado de las disposiciones del préstamo» y obviando que «deberían haber sido cubiertos con recursos propios de la sociedad, y no financiados por la caja», según el informe del órgano supervisor.

A tenor del técnico del regulador, «resulta cuanto menos sorprendente» que, a pesar del fracaso del proyecto, que finalmente se adjudicó 201 millones y se saldó con una pérdida de 162,6 millones para el FGD, Ros Casares obtuviera un lucro de 42 millones.

También apunta a los hijos del fundador del grupo, el exconsejero de Bankia, Francisco Ros, procesado por la salida a bolsa de la entidad, y su hermano Germán, último presidente del desaparecido equipo de baloncesto femenino Ros Casares Valencia, como «personas físicas que se han beneficiado de estas actuaciones». Las pesquisas se iniciaron en 2015 a instancias del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que inyectó 5.249 millones de euros procedente de dinero público en la CAM antes de su venta al Sabadell y al que el documento del organismo regulador apunta como único perjudicado por el quebranto.

Se trata de once proyectos inmobiliarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que supusieron para la entidad una inversión de 594,2 millones y que generaron pérdidas por importe de 467 millones (el 78%), de los cuales 405,6 millones son irreversibles.

Unas cifras que, como critica el último informe del Banco de España, «reflejan la calidad de la gestión realizada», a la que suma «el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado» teniendo en cuenta que todas estas operaciones terminaron siendo fallidos.