La banca pone el foco en más de 2.300 municipios sin acceso a efectivo

Es cierto que el porcentaje de ciudadanos desatendidos es bajo, pero la cifra implica la total exclusión financiera de unas 657.000 personas.

Para poner fin a esta situación, a la que han contribuido distintos factores como la reciente reestructuración del sector –con el cierre de 28.000oficinas desde el pico alcanzado en 2008–el proceso de digitalización, o la propia despoblación, la banca lleva meses trabajando en un proyecto de inclusión que comenzó a principios de año con planes específicos para dar mejor servicio a los mayores y que ahora se amplía con un programa para zonas rurales.

Entre medias, el sector ha acelerado otras iniciativas para cumplir su compromiso de asegurar servicios presenciales en el cien por cien del territorio. Entre las más importantes, el acuerdo que se firmó en julio con Correos, por el que la empresa pone a disposición de las entidades su servicio Correos Cash para realizar retiradas e ingresos de efectivo en 4.675 puntos de atención y a través de 6.000 carteros rurales en el domicilio de los clientes.

«En el sector bancario trabajamos para acompañar a los clientes y darles todas las opciones, con soluciones para los que quieren tener su oficina en la palma de la mano y operar solo con su móvil y también responder a los que por razones de edad, lugar de residencia o cualquier otro motivo prefieren la atención presencial», explica Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB.

Con este objetivo, y tras el protocolo firmado en octubre con el Gobierno, la banca se da un plazo de seis meses para que la inclusión fiananciera sea una realidad en todos los municipios afectados.

La actuación se desarrollará de forma distinta según la población afectada. Por una parte,se han detectado 243 municipios de más de 500 habitantes que englobarían a unas 211.000 personas sin acceso a ningún servicio financiero. En ellos, la banca instalará al menos un punto de acceso a sus servicios. Un compromiso que el sector reclama que se desarrolle sobre la base de la colaboración públicoprivada, «a través de la puesta a disposición de un espacio físico adecuado, con las condiciones de seguridad necesarias, y de las conexiones a infraestructuras tecnológicas requeridas, como el acceso a internet».

Si pasados los seis meses de plazo no se realiza ninguna actuación, el sector se compromete a la instalación de cajeros genéricos, de 'marca blanca', que estaría gestionado por un operador específico y daría acceso a operaciones básicas y retirada de efectivo.

Desde la banca insisten en que el proceso se seguirá con «riguroso respeto» la normativa de competencia. Aunque aún no se ha detallado si estos cajeros sin enseña bancaria se pagaría entre todas las entidades, por ejemplo, en función de su cuota de mercado, o a través de licitaciones públicas.

Por otro lado, para los municipios de menos de 500 habitantes sin servicios (2.987, con 446.000 ciudadanos), la apuesta principal pasa por cubrir las necesidades financieras a través del servicio de los carteros rurales. Además, se intentarán establecer otras alternativas de suministro de liquidez a través de TPVs en tiendas o gasolineras.

Sin embargo, estas soluciones de 'cash back' o 'cash in shop' necesitarían, no obstante, ser implementadas a través de acuerdos con terceros, como ayuntamientos o comercios, por lo que lo más probable es que la opción que se imponga en estas zonas sea la del acuerdo con Correos.

La necesidad es urgente. Según un informe elaborado por el Banco de España en el mes de junio, en el que la institución comparaba la facilidad de acceso de los ciudadanos a distintos servicios, el porecentaje de la población rural sin acceso a oficinas bancarias y otros canales alternativos ascendía en 2021 al 11,2%.

Para poner en contexto, el porcentaje es del 8,7%en el caso de los bares. Más datos. En 2021, unas 81.000 personas debían recorrer más de 5 kilómetros para acceder a servicios médicos de atención primaria, cifra que asciende a 290.000 personas en el caso de los bares y a 357.000 personas para los servicios bancarios presenciales.

El objetivo es recortar al máximo esa brecha en un plazo total de un año. Entre medias, Gobierno y banca seguirán trabajando en otros retos pendientes para facilitar la relación con los ciudadanos. Entre ellos, el proyecto para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que el Ministerio de Economía tiene previsto sacar adelante en la primera mitad de 2023, tras recibir el visto bueno de Competencia el pasado viernes.