Cómo fue el presunto falseo de cuentas del Banco de Valencia

Las cuentas que el Banco de Valencia ofrecía a sus accionistas desde 2008 no reflejaban una imagen fiel de la situación de la entidad y el Banco de España se lo advirtió hasta siete veces en dos años a sus responsables. Este es el motivo por que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que hay indicios suficientes para juzgar a los ex responsables del Banco de Valencia, entre los que se encuentran el ex presidente José Luis Olivas y el ex consejero delegado Domingo Parra por falsedad contable.

Los sucesivos informes, requerimientos y cartas que se cruzaron la entidad y el regulador fueron muchas, mientras no fueron informados los accionistas. Todo empieza cuando la entidad presentó las cuentas del primer semestre de 2011 con unos beneficios de 16,7 millones de euros y unas expectativas optimistas, pese a no haber cumplido sus compromisos con el Banco de España para ampliar capital con el objetivo de volver a los ratios de solvencia mínimos ni hacer las provisiones adicionales necesarias.

Sólo cuatro meses después, el Frob estimó sus pérdidas en 562 millones, hasta elevarlas al fin del ejercicio hasta los 922 millones. El Banco de España descarta que se pasara a ese resultado negativo en sólo seis meses y puso sobre la mesa las constantes advertencias y notificaciones que remitió al consejo desde enero de 2009.

Pedraz entiende que buena parte de los miembros del consejo del Banco de Valencia y el auditor Miguel Monferrer son culpables de falsear las cuentas de la entidad de los ejercicios 2009 y 2010, como denuncian más de una decena de querellas de accionistas.

Desde fuera del consejo y viendo sus comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la crisis había empezado, pero la entidad que presidía José Luis Olivas no reflejaba ante sus accionistas los efectos que en ella estaba causando. Es más: presentaba beneficios. Ni las tensiones de los mercados financieros ni la sobreexposición inmobiliaria parecía capaces de pasar factura. La menos sobre el papel.

Esto fue lo que generó que la entidad supervisora aplicara desde 2008 una vigilancia continuada sobre el banco valenciano que se concretó en cinco informes, un compromiso del consejo de administración de que tomaría medidas, la posterior carta del Banco de España recordando al consejo sus incumplimientos y dos requerimientos urgentes ente el inminente desplome de la entidad.

Todo empezó el 29 de enero de 2009, cuando un informe del Banco de España que se limitaba a analizar los grandes créditos, la exposición al crédito promotor y constructor y la gestión de riesgos dio la voz de alarma. En concreto, se advertía que sólo se marcaban como dudosos los créditos de las empresas que se encontraban ya en concurso de acreedores, evitando hacer provisión ante el riesgo de estallido de la burbuja del ladrillo, que ya entonces se apreciaba como un riesgo plausible. Esta situación ya hacía que la entidad estuviera inflingiendo la normativa del Banco de España y ponía en entredicho sus balances.

Aquel primer informe había analizado las cuentas de 2008, pero la situación se vio que no había mejorado cuando la inspección volvió al banco valenciano un año más tarde para analizar las cuentas del último ejercicio terminado, 2009. Concretamente, el informe ya empieza a cifrar el desvío del papel a la realidad. El deterioro acumulado no contabilizado se fijaba en 48,9 millones de euros sólo por la actividad inmobiliaria y echaba por tierra tanto la morosidad declarada como la tasa de cobertura.

La primera no era del 4%, como decían las cuentas de 2009, sino del 11%; y lejos de disponer de una cobertura del 82%, esta se habría situado en un raquítico 29%. El inspector es especialmente duro: «La entidad carece de un plan estratégico desde 2008, gestionando sobre la marcha, sin que se haya realizado un análisis en profundidad de la situación actual, ni afrontado la búsqueda de soluciones».

«Más bien parece que la entidad ha estado preocupada únicamente por evitar la contabilización de activos dudosos y su correspondiente dotación. Ante esta situación, es necesario que la entidad aborde, sin dilación, medidas correctoras, ya que de continuar como hasta ahora se podría estar poniendo en riesgo su propia viabilidad futura«, señala.

La crisis iba cogiendo cada vez mayor envergadura y las costuras del sistema financiero se empezaban a abrir, cuando el equipo del Banco de España hizo su visita de inspección a principios de enero 2011 para elaborar su informe sobre 2010 y la revisión del de 2009.

Una vez más, se vuelve a subir la tasa de morosidad (del 5,96% que dice la entidad, al 7,9%) y se corrige la cobertura, no sin advertir las dificultades que están encontrando los inspectores para hacer su trabajo por culpa de información incompleta o mal ordenada en las bases de datos del banco.

La tensión es ya máxima entre el Banco de España y la entidad, por lo que el consejo de administración acordó en su reunión del 28 de enero de 2011 comprometerse a un aumento de capital en lo que hiciera falta para aumentar los ratios de solvencia por encima de los mínimos legales, ya que no lo estaban ya en ese momento.

También asume la necesidad de hacer provisiones adicionales por un importe de 200 millones de euros. El problema es que diez meses más tarde no lo habrá hecho, como le recriminará por carta el Banco de España al presidente Olivas (entonces ya también vicepresidente de Bankia).

La inspección de las cuentas de 2009 seguía abierta en julio de 2011 y desde la inspección se dio un golpe en la mesa y se advirtio que el déficit del fondos de insolvencia y los deterioros de crédito, inversión, préstamos, adjudicados y estimaciones del resto de la cartera era de 819 millones de euros, realizando ajustes por importe de 600 millones.

A todas luces la situación de la liquidez es crítica y se concluye que urge la elaboración de un plan de viabilidad que contenga un plan de capitalización. Y eso que las anomalías de las bases de datos de la entidad vuelven a indignar al inspector, que también advirtió que se estaban manteniendo la acción del banco en un valor artificial que costaba 28 millones de euros.

También se indicó al consejo que a la entidad le faltaba rigor y sólo señalaba como dudosos los créditos que el Banco de España descubría como tales, mientras que el consejero delegado, Domingo Parra, fue advertido de que los riesgos frente a empresas no consolidadas del grupo estaban en un 41%, muy lejos del 25% permitido.

Sin embargo, la entidad presentó unos resultados del primer semestre de 2011 con beneficios y entre mucho optimismo... a sólo tres meses y tres semanas de ser intervenido.