El exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra ya no tiene el comodín para evita la cárcel del que se dispone en una primera condena. La Audiencia Nacional le sentenció ayer a cuatro años de cárcel por diversas operaciones inmobiliarias que generaron un perjuicio de 198 millones de euros por diversos negocios fallidos con los empresarios Juan Bautista Soler y Salvador Vila.
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Esta sentencia, aunque es recurrible ante el Tribunal Supremo, viene tras la que le impuso en febrero también la Audiencia Nacional por un préstamo promotor de 4,9 millones «en perjuicio de los intereses» de la entidad financiera a Pegoliva, una sociedad afín a la que habría estado vinculado económica y personalmente. Aunque en ese caso la pena fue de un año y siete meses, después de que Parra abonase 330.000 euros para reparar parcialmente el daño causado, significa un antecedente que le hará franquea la puerta de la prisión en cuanto se declare firme la segunda sentencia.
El tribunal le ha visto culpable de un delito continuado de administración desleal con la complicidad del director de participaciones inmobiliarias, Alfonso Monferrer, al que se le condena a seis meses de cárcel y con el que deberá satisfacer de forma solidaria el pago de 169 millones de euros. Junto a ellos, deberá responder con cuatro meses y 119 millones de euros Salvador Vila, administrador de Salvador Vila SL, y por el mismo tiempo y 130 millones al expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler, por ser administrador de Urbanas de Levante SL. La Audiencia absuelve a los cuatro del delito de apropiación indebida del que les acusaba la Fiscalía y la acusación particular representada por la Sareb.
A su vez, los magistrados no ven delito en los acusados Carlos Pascual, Fernando Polanco y Teresa Villalba, a los que la fiscalía atribuía un delito continuado de administración desleal y blanqueo de capitales. La resolución sentencia las operaciones del Banco de Valencia con las entidades Nou Litoral, Valenciana de Viviendas 2010 SL y Faverch Desarrollos SL, relacionadas con negocios inmobiliarias en Valencia y Alicante, y que causaron un perjuicio patrimonial al Banco de 90,43 millones de euros, 77,8 millones de euros y 29,81 millones de euros, respectivamente.
Dichas operaciones, señala la sentencia, llevadas a cabo por Domingo Parra, fueron ejecutadas «sin seguir los protocolos establecidos por el Banco de Valencia en su Manual de Procedimientos aprobado a tal efecto y sin seguir las recomendaciones que anteriormente había hecho el Banco de España para la realización de operaciones de riesgo, no analizando debidamente y con un mínimo de rigor dichas operaciones».
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En concreto «no se percibió de forma debida y diligente el riesgo» que se derivaba para la entidad bancaria la realización de esas operaciones sin haberse estudiado debidamente la capacidad para devolverlas que tenían las personas físicas o las empresas a favor de quien se hicieron, ni la capacidad de solvencia para unas operaciones «altamente arriesgadas».
La sala defiende que es Caixabank (que en noviembre de 2012 adquirió Banco de Valencia) el perjudicado directo de este procedimiento y quien ha de cobrar la indemnización, sin que se suprima el derecho de repetición que podría invocar el Frob por el dinero público que inyectó en el saneamiento de la entidad.
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La agenda judicial de Domingo Parra va avanzando desde que fue apartado del cargo de consejero delegado de Banco de Valencia en 2011. La condena a cuatro años de cárcel por los negocios con los empresarios Juan Bautista Soler y Salvador Vila se une a la que se le impuso por la concesión de un préstamo promotor de 4,9 millones a Pegoliva, una sociedad afín a la que habría estado vinculado económica y personalmente, «en perjuicio de los intereses » de la entidad financiera.
En total, el Frob emprendió acciones legales contra él por una decena de causas en las que le involucró. La principal es la del presunto falseo de las cuentas de la entidad en 2009 y 2010 con el que habrían ocultado las pérdidas que terminaron por aflorar y llevar a la intervención en 2011.
Pendiente de la apertura de juicio oral está el caso de Costa Bellver, donde se le implica junto al ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, entre otros acusados. Otro tanto sucede con las inversiones en México del proyecto Grand Coral, junto a los empresarios Juan Ferri y José Baldó y también con Izquierdo. Además, continúa el caso de las piscifactorías del fallecido Antonio Asunción y Társilo Piles.
Por contra, tres causas en las que le incluyó el Frob le han sido archivadas. Se trata de las relativas a préstamos y daciones en pago a empresas de Juan José Sanchis; operaciones con el Grupo Cursach, del llamado 'rey de la noche' de Mallorca; y otra sobre la financiación de la empresa Royactura.
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