Europa abre la puerta al acceso prioritario a las cartillas de banco para las personas mayores

Desde hace meses, numerosos bancos han dejado de emitir libretas de ahorro, las conocidas cartillas, o han empezado a cobrar comisiones por ellas. Esta herramienta, muy usada por las personas mayores, ha entrado en desuso por la irrupción de las nuevas tecnologías en el sector financiero y la apuesta de las entidades por la digitalización, y esto ha supuesto un problema para muchos clientes que, sin conocimientos tecnológicos, se ven incapaces de realizar sus operaciones financieras exclusivamente a través de internet, a través de la banca online o de la app de su banco.

Y es que muchos clientes, sobre todo los de más edad que no están habituados a usar la banca online, prefieren acudir a la sucursal para actualizar su libreta y llevar un control de sus movimientos bancarios, pero en los últimos años se han empezado a encontrar con algunos problemas para poder hacerlo.

Las entidades financieras se comprometieron en marzo de 2023 ante la ministra Calviño a mantener el uso de las libretas bancarias para los mayores de 65 años. La presidenta y consejera delegada de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, fue más allá y garantizó que las entidades mantendrán de forma física las cartillas para mayores de 65 años, al tiempo que aclaró que «nadie tiene intención de retirarlas», dejando de lado que hay bancos que cobran comisión por mantenerlas, según ha constatado la OCU.

En la actualidad hay tres millones de cartillas en toda España, por lo que la preocupación era patente después de las acusaciones lanzadas por Carlos San Juan, el impulsor del movimiento 'Soy mayor, no idiota', al acusar a la banca de no ofrecer ni publicitar este producto, así como por el hecho de poner pegas para poder contratarlo.

La Comisión Europea está dispuesta a dar una solución y a mediados de mayo de 2023 ha considerado necesario ampliar la protección de las personas mayores, con discapacidad o que simplemente carecen de teléfonos inteligentes en su uso de la banca. La comisaria Mairead McGuinness ha anunciado que tiene previsto presentar su revisión de la Directiva sobre servicios de pago a finales de este mes de junio. Y ha aclarado que, en su revisión, tiene la intención de tener en cuenta el hecho de que hay ciudadanos de la UE que no quieren o no pueden utilizar medios de pago digitales.

La comisaria McGuinness ha respondido así a una pregunta escrita de la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, en la que reclamaba una solución para quienes no quieran o no puedan afrontar la digitalización de los servicios básicos.

«Las observaciones recibidas de las partes interesadas durante la preparación de la revisión indican la necesidad de mejorar la accesibilidad de la autenticación reforzada de cliente (un paso necesario para prevenir las operaciones fraudulentas en la mayoría de los pagos electrónicos minoristas)», señala la comisaria europea.

Esta mejora es necesaria, según precisa, «a fin de velar por que todos los clientes, incluidas las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada y aquellas que no tengan acceso a canales o dispositivos digitales, como la posesión de un teléfono inteligente, dispongan al menos de un medio que les permita llevar a cabo la autenticación reforzada de cliente«.

Pagaza escribió a la Comisión el pasado mes de febrero haciéndose eco de la denuncia de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) de España respecto a la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias desde hace años y la desaparición paulatina de las denominadas cartillas. «La prioridad de la utilización de cajeros automáticos y comunicaciones online incrementa el número de personas afectadas por la brecha digital en un asunto que afecta a un servicio básico», indicó Pagaza.

La Ley Europea de Accesibilidad, que contiene disposiciones para garantizar que determinados servicios bancarios destinados a los consumidores cumplan los requisitos de accesibilidad, entrará en vigor en junio de 2025.

«La Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales envía una señal clara, al haberse comprometido el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión a una transformación digital que no deje a nadie atrás y que redunde en beneficio de todos, especialmente de las personas mayores», indica la Comisión.

Asimismo, se ha comprometido a informar periódicamente sobre los progresos registrados en el fomento y aplicación de la Declaración. No obstante, reconoce que, hasta la fecha, no ha estudiado la creación de un observatorio o una red de observatorios nacionales para supervisar el cumplimiento de la Declaración, algo que reclama la eurodiputada de Ciudadanos.

El primer informe sobre el estado de la Década Digital, cuya adopción está prevista para junio de 2023, abordará cuestiones como la inclusión y la brecha digital.

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