El cierre de sucursales se ceba con Valencia: las oficinas que ha eliminado cada banco

Así lo confirman los registros del Banco de España, que certifican que el número de sucursales se ha reducido en nada menos que un 37,32%, lo que supone haber pasado de 343 oficinas en marzo de 2020 a 215 al principio de 2023. Esta sangría no es un proceso aislado ya que se produce en toda España, pero llama de forma especial la atención de que afecta mucho más a los grandes núcleos de población que al conjunto de la autonomía. En la Comunitat Valenciana la caída en el mismo período es del 28%, pasando de 2.300 sedes a 1.654.

Según la estadística de la entidad pública, casi todos los bancos han reducido su red en la ciudad y sólo hay pequeñas excepciones. El caso más llamativo es el de Caixabank, que es hoy por hoy la principal entidad en número de sucursales, con algo más de una de cada cuatro. La antigua Caixa ha aumentado sus cifras, pero gracias a la fusión con Caixabank, cuya estructura prácticamente ha desaparecido. Ambas tenían en 2020 141 oficinas y ahora quedan 64.

Tras el banco con sede social en Valencia y operativa en Madrid y Barcelona aparecen el resto de gigantes del sector: Santander (que ha pasado de 65 sucursales a 39), Sabadell (de 35 a 25) y BBVA (de 37 a 28). Todos están inmersas en un proceso de reestructuración con el argumento de que las oficinas físicas apenas son utilizadas por gran parte de la población y prefieren apostar por tener un número menor pero de mayor tamaño para gestiones de más importancia. La otra entidad que ha absorbido a otra durante la pandemia, Unicaja, no cierra ninguna tras sumar a Liberbank, pero es debido a que su peso en Valencia es muy pequeño. Mantienen cinco.

Más allá de los bancos y fuera de la estadística general, destacan las cifras de la única caja de ahorros valenciana, Caixa Ontinyent, que mantiene su red de tres sucursales. Por su parte, las cooperativas de crédito también aguantan mejor. Cajamar cierra, pero menos que los grandes bancos y pasa de tener 34 oficinas a 27. Por su parte, Caixa Popular sólo realiza una clausura puntual ya que desde la firma apuntan que se encuentran en proceso de expansión en una estrategia que, a la vista de los datos, supone nadar a contracorriente.

Este proceso de recorte de sucursales bancarias no es nuevo y es una realidad desde 2008, cuando se alcanzó el máximo histórico en plena burbuja inmobiliaria. Desde entonces el retroceso ha sido constante, aunque con la pandemia cogió un nuevo impulso al calor de una nueva tanda de fusiones y de varios Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que han implicado una fuerte reducción de plantillas.

Toda una estrategia que se argumenta con una digitalización que implica que la mayor parte de las gestiones se puedan hacer desde la aplicación del móvil. O desde el cajero ya que el trato con el cliente físico se ha reducido. Esta situación creó un caldo de cultivo perfecto para que estallara un movimiento de contestación social que tuvo su epicentro en Valencia con Carlos San Juan, médico jubilado valenciano, cuya denuncia de falta de humanidad en las oficinas bancarias se hizo viral. La polémica obligó a los bancos a echar el freno y a aprobar algunas medidas para hacer más accesible este servicio a las personas mayores. Sin embargo, la sensación de San Juan es que queda mucho por hacer, también por parte de las administraciones públicas.

Desde el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dependiente de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat, son conscientes de este problema y, por ello, trabajan de forma conjunta con otros departamentos para tomar medidas al respecto. La principal iniciativa pública que ahora está encima de la mesa es extender la medida que ha llevado a la apertura de 141 cajeros públicos en 130 municipios en riesgo de despoblación en la Comunitat Valenciana.

En la actualidad se busca la colaboración de la Unión Europea para abrir más en barrios que hayan sufrido más el cierre de sucursales. Uno de los casos más sangrantes tiene lugar en el barrio de La Luz de Valencia. Hoy por hoy sólo funciona un cajero y los vecinos tienen que ir a Mislata para hacer cualquier gestión. Y este no es un caso aislado ya que tiene lugar en otros barrios de municipios valencianos de tamaño medio.