Olivas dio trato de favor en la concesión de créditos a operaciones conflictivas

El ex secretario general de Bancaja Vicent Palacios admite que el expresidente de la entidad valenciana José Luis Olivas tenía la facultad de decidir los asuntos que trataba el consejo de administración, pese a que su cargo no conllevaba formalmente funciones ejecutivas. Según declaró en la sesión de ayer del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, el entonces presidente ejercía esta capacidad para incluir operaciones de grandes créditos o aquellas más conflictivas, «indelegables» del consejo de administración, pero que Olivas podía someter a su consideración, con el tanto a su favor de tener voto cualificado de presidente.

A preguntas de la defensa, que era la que le había convocado, Palacios había asegurado al principio de la declaración que el expresidente carecía de funciones ejecutivas, y que no le constaba que tuviera contrato de dedicación exclusiva, ni dado de alta en la Seguridad Social ni que tuviera un plan de pensiones. Su retribución, explicó, era meramente por la asistencia a los consejos de administración.

Sin embargo, en respuesta a la fiscal Carmen Launa el exsecretario «de actas» admitió que José Luis Olivas tenía, entre sus facultades, la de fijar el orden del día de los consejos de administración y la de incluir los temas que considerara oportuno.

Palacios declaraba como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011, por el que se solicita para Olivas cuatro años de prisión y multa de 60.000 euros por estafa a los inversores, según reclama la fiscalía.

Tras esto, la defensa de Olivas renunció a mantener la testifical del auditor de Banco de Valencia y Habitat Miguel Monferrer Fabrega, que estaba citado a declarar ayer, alegando que está imputado en otro procedimiento y se ha acogido a su derecho a no responder a cuestiones sobre Banco de Valencia. Tampoco acudió el testigo citado Francisco García Valdecasas, auditor de Bancaja en los años 2008 y 2009, años sobre los que se duda de la limpieza de las cuentas presentadas.

Las declaraciones del exsecretario general pueden tener repercusiones mucho más allá del caso Bankia. De hecho, el abogado Diego Muñoz, letrado de la acusación en otros casos vinculados a la gestión de Banco de Valencia, apunta que este testimonio puede servir para nuevas acusaciones contra Olivas por administración desleal. Se trataría de operaciones crediticias desastrosas que llegaron al consejo de administración y consiguieron por esa vía salir adelante.

La condición para ello es que se deduzca testimonio para acusarle, ya que buena parte de los hechos delictivos que se le podrían achacar no han prescrito. Muñoz destaca como la potestad de poner el orden del día puede ser corroborada por Eugenio Mata, secretario del antiguo Banco de Valencia. Esta entidad que también fue presidida por Olivas cuenta con un buen número de operaciones inmobiliarias bajo sospecha. Muñoz apunta que esta es una de las cuestiones que van a hacerle Mata.

Entre las operaciones respaldadas por Olivas y que tuvieron mayor efecto para las entidades fue la de Grand Coral, una inversión multimillonaria en el Caribe mexicano. Sólo en ese caso, los peritos del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional han cuantificado el perjuicio para Bancaja y Banco de Valencia en 750 millones de euros.

Según el documento, se perdió tanto el dinero que se destinó a tomar participación en las sociedades del proyectos como a los préstamos, ya que fueron impagados. Los peritos señalan, además, que con la desinversión de los activos inmobiliarios que ordenó la Comisión Europea a cambio del rescate, los empresarios valenciano acusados de organizar este presunto fraude a las entidades, Juan Ferri y José Baldó, contaron con una posición de ventaja que les permitió no pagar las sumas recibidas.