Parra y los Soler se sientan en el banquillo por un quebranto de 94 millones al Banco de Valencia

El ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra regresó ayer al banquillo de la Audiencia Nacional, en esta ocasión para ser juzgado por manipular los procedimientos internos de la entidad financiera para favorecer y conceder préstamos al Grupo Soler, causando así un quebranto económico cercano a 94 millones de euros.

Parra, condenado recientemente por la Audiencia Nacional a cuatro años de cárcel por causar un agujero de 198 millones al banco, se enfrenta a la misma pena de prisión que pide la Fiscalía por el delito continuado de administración desleal.

En el banquillo de los acusados se sientan también los empresarios Bautista Soler, María Victoria Soler y Vicente Fons, para los que el Ministerio Público también pide cuatro años de cárcel como cooperadores del mismo delito, así como un cuarto empresario, Rafael Ruiz-Jarabo, para el que solicita tres años.

Según explica el escrito de acusación de la fiscalía, gran parte del crecimiento de la inversión crediticia del banco fue posible gracias a operaciones «de importe elevado y desproporcionado para el balance, para los recursos propios y para la capacidad de gestión», como la que se juzga desde ayer. Se trata de una operación desarrollada entre enero y marzo de 2007 con empresas del Grupo Soler, por importe de 312 millones, para que la CAM comprase una participación en Metrovacesa.

Se haría así «la mayor operación crediticia acometida por la entidad financiera en su historia, representando el 23,9% de los recursos propios del Banco de Valencia y el 38% de los recursos básicos«, subraya.

Según el Ministerio Público, se aprobó sin el análisis de viabilidad y sin la adecuada participación de los empleados responsables del análisis y la evaluación de riesgo.

Esta financiación, que se basó en varias operaciones de crédito en cascada, era conocida «en todos sus aspectos» solo por Parra, quien discutió «personalmente» los detalles con Vicente Fons. Según señala, supuso un perjuicio económico y patrimonial de 93,9 millones para el banco.

El escrito indica que Domingo Parra, «con la intención de favorecer los intereses» del Grupo Soler, «ocultó información fundamental relativa a los elevados riesgos derivados de las operaciones acometidas«.

Y añade que también dio las instrucciones correspondientes a los empleados, «hasta el punto de que fueron ejecutadas con anterioridad a que los detalles y circunstancia de las operaciones de crédito fueran conocido por los órganos del banco».

El Banco de España advirtió en 2004, 2007 y 2009 a la entidad de las deficiencias en la documentación, concesión y seguimiento de las operaciones crediticias, al detectar en visitas de inspección que los procedimientos de control interno adecuados al crecimiento de la inversión crediticia «había sido relegada de entre las prioridades de la entidad».