El rechazo político a la opa al Sabadell es casi unánime en Cataluña: va del PPC a la CUP

Por ello, sorprende ver en el mismo barco a formaciones tan distantes como el PP, partido de derechas y constitucionalista; y la CUP, de extrema izquierda, anticapitalista y secesionista. Es lo que ocurre con la opa lanzada por el BBVA a Sabadell, que en Cataluña tiene un rechazo político casi pleno, a excepción de Vox («No nos preocupa ni ocupa») y Aliança Catalana, que no se ha posicionado. El amplio consenso es similar al del mundo económico: las patronales Foment, Pimec y Cecot o las cámaras de comercio enviaron el viernes una carta conjunta al presidente del Gobierno en la que le piden que paralice la fusión.

Las razones de unos y otros son diversas. El PP catalán, por ejemplo, se opone porque está a favor de la competencia financiera y la protección de las pymes. Los populares califican el intento de compra de «error» y «equivocación», porque puede perjudicar a la pyme catalana. Los populares recuerdan la crisis de 2008, que propició fusiones, lo que a su juicio no redundó en «beneficio» de los ciudadanos. El PP, en cualquier caso, traslada toda la presión al Gobierno, que es quien tiene que «decidir», y rechaza la consulta anunciada por Pedro Sánchez, por «frívola» y «populista».

En el lado opuesto, la CUP también recuerda el caso de la crisis de la burbuja inmobiliaria que barrió todo el sistema de cajas de ahorro, tras un rescate millonario del Estado. Los cuperos están en contra de que el poder financiero esté cada vez en menos manos, creen que es incompatible con la democracia pero, en cambio, consideran «absurdo» plantear la opa en clave de más o menos soberanía para Cataluña como hacen ERC y Junts, pues no ven al Sabadell como un «banco catalán» porque el «capital financiero no tiene patria». «Ni opa ni banca privada», afirman los anticapitalistas, que abogan por que Cataluña tenga su banca pública, que permita a las pymes el acceso al crédito sin «usura». Los cuperos sí creen que está «muy bien» consultar a la ciudadanía y a los agentes económicos sobre la opa.

ERC y los comunes también se han mostrado muy firmes contra la opa. No tanto el presidente de la Generalitat, que tardó días en manifestarse y lo hizo con bastante prudencia. Decir que «preferiría que no saliera adelante» es todo, menos contundente. El presidente de la Generalitat no quería que de sus palabras se interpretara una presión al Gobierno. Los socialistas se la juegan con la opa en sus relaciones con ERC y Junts. También con el mundo empresarial catalán, con la patronal Foment a la cabeza, o el Cercle, que se están distanciando del Govern por su apuesta por pactar con ERC y los comunes y no con Junts. Foment y Junts pueden jugar un papel clave en la negociación de la reducción de la jornada laboral.

La posición de Junts, como la de Illa, tampoco es nítida. El partido declara públicamente su radical oposición a la operación y exige al Gobierno que la paralice. Pero ha dejado dudas el hecho de que el consejero designado por Puigdemont en el consejo de la CNMC votara a favor de la opa. La formación se desmarcó de Pere Soler e incluso admitió una «discrepancia» con él. Pero nadie en Junts ha sido aún capaz de explicar por qué no se le dio la instrucción de que votara en contra de la opa.

La ejecutiva tuvo tiempo para ello porque la reunión de la CNMC en la que dio el visto bueno a la operación duró unas cuantas horas. Soler fue designado consejero de la CNMC para oponerse a la opa y no lo hizo. En Junts falló algo más que la coordinación. No consta que nadie le haya pedido el cese, por lo que sigue contando con la confianza de Puigdemont, que en 2024 calificó la opa de «155 bancario», pero que tiene grabado muy dentro que el Sabadell fue quien lideró la fuga de empresas de Cataluña tras el 1-O.