Hace algo más de una década que el Banco de Valencia desapareció. La crisis económica y la administración de sus máximos responsables llevaron a la desaparición de la histórica entidad, que fue comprada por un euro por parte de Caixabank. Pero aunque hayan pasado ... tantos años su nombre sigue resonando en los tribunales, que afrontan a partir de ahora el plato principal de una gestión que ya ha dejado una lista de condenas y absoluciones.
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Alejandro Abascal, juez de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral contra la antigua cúpula de la entidad por haber falseado presuntamente las cuentas de 2009 y 2010. Hay indicios claros de que se quería ocultar un déficit de más de 20 millones de euros, lo que supuso un perjuicio para unos accionistas que seguían confiando en la dirección pese a que no tenían los datos reales de la empresa en la que participaban.
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En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 envía al banquillo a 13 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la entidad y de la Generalitat, José Luís Olivas Martínez, y el que fuera consejero delegado del banco, Domingo Parra.
La Fiscalía Anticorrupción pide para los dos dirigentes tres años y nueve meses de prisión respectivamente como presuntos autores de un delito societario continuado de falsedad en las cuentas anuales de los citados ejercicios. Además,solicita que se les imponga una multa aproximada de 45.000 euros.
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El magistrado también ha acordado la apertura de juicio oral por el mismo delito para los exconsejeros del banco Celestino Aznar Tena, Antonio José Tirado, José Luís De Quesada, María Dolores Boluda, Federico Michavila, Silvestre Segarra, José Segura, Agnés Noguera, Manuel Olmos, María Irene Girona, Pedro Muñoz y Miguel Monferrer, socio de Deloitte y auditor de Banco de Valencia.
Tal y como explica el abogado Diego Muñoz, de la acusación de los pequeños accionistas de Banco de Valencia (Apabankval), esta es la pieza principal de un procedimiento que se ha fraccionado. Ahora se juzga un daño patrimonial para los que fueron accionistas mientras que en las vistas previas se centraban más en delitos como la administración desleal.
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En este sentido, ya hubo condenas previas como la que evidenció que la concesión de un préstamo promotor de 4,9 millones a Pegoliva fue irregular. Fue la primera, pero no la última. Después se confirmó la manipulación de los procedimientos internos de la entidad a fin de conceder créditos favorables al Grupo Soler y en el que, además de Parra, se impusieron penas de cárcel al empresario Bautista Soler o Victoria Soler.
Y también absoluciones. La Audiencia Nacional declaró no culpables a Domingo Parra y a la cúpula por un posible agujero contable por una subrogación hipotecaria relacionada con una parcela de Barcelona que terminó en manos de Apple y por las pólizas y los préstamos que la entidad bancaria había concedido a la promotora inmobiliaria Libertas 7, que estaban en duda.
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