Barrachina pide a la CHJ que tenga más sensibilidad y exija menos a los agricultores

La CHJ está enviando cartas a las sociedades de riego que usan aguas subterráneas en las que les requiere que, en el plazo de tres meses, instalen a su costa contadores de agua con sistemas de medición telemática de los caudales extraídos, lo que supondrá costosas inversiones, totalmente a cargo de los usuarios.

La obligada comunicación automática debe realizarse cada hora en muchos caso, lo que obliga a una mayor complejidad en las instalaciones y su posterior mantenimiento. A todo ello hay que añadir la incertidumbre que se da en muchas ubicaciones, al carecer de adecuada cobertura de red para la transmisión continua de datos.

La carta que están recibiendo los agricultores advierte que el incumplimiento de tales exigencias puede dar lugar a sanciones de entre 50.001 y 500.000 euros. Por otro lado se les remite el citado manual, cuyo objetivo teórico es facilitar el cumplimiento de lo que se pide, pero en realidad es un galimatías ininteligible para la inmensa mayoría de los destinatarios, lo que les obligará a contratar los servicios de personal especializado para cumplir lo requerido y evitar problemas mayores. Hay que tener en cuenta que, por lo general, se trata de entidades de riego modestas, con algún empleado como pocero/regador o incluso sin ninguno, no de grandes comunidades de regantes.

A estas exigencias de la CHJ ha respondido AVA-Asaja pidiendo «flexibilidad, empatía y comprensión en estos momentos tan delicados», sobre todo con las agrupaciones de regantes de zonas afectadas por la dana, concediendo más plazo y apoyo técnico para poder cumplir lo demandado.

El conseller Barrachina ha indicado que «este tipo de iniciativas resultan inapropiadas en el contexto actual de dificultades para el sector agrícola; es incomprensible que en un momento como este, cuando a muchos de nuestros agricultores les han desaparecido por la riada las conducciones de riego, en vez de recibir ayudas para restituirlas les llegan desconcertantes exigencias adicionales para controlar el agua que desgraciadamente no pueden utilizar. La Confederación debería estar centrada en medidas que impulsen la recuperación. La prioridad debería ser proteger a los agricultores, facilitarles el acceso a recursos y garantizar su viabilidad. No tiene sentido introducir procesos innecesarios». Por ello insta a que la CHJ reconsidere sus prioridades y actúe con «mayor sensibilidad».