El bloqueo de plantas fotovoltaicas en la Comunitat continúa con la nueva ley

Precisamente, el decreto-ley 7/2024, de 9 de julio, indica en su preámbulo que «con el objeto de proporcionar seguridad jurídica a la tramitación urbanística de los proyectos, se prohíbe que los ayuntamientos puedan decretar suspensiones de licencias que afecten a la tramitación de proyectos de generación de energía renovable». Como es habitual, en el preámbulo el legislador suele clarificar la intención de la ley a la hora de futuras interpretaciones.

Sin embargo, el pasado 23 de agosto, el consistorio de Teulada convocó un pleno para aprobar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de las nuevas icencias para centrales fotovoltaicas y almacenes de energía. Es decir, a posteriori de la entrada en vigor del nuevo decreto del Consell. Según explican desde el ayuntamiento a LAS PROVINCIAS, esta decisión no va en contra de la normativa actual, sino que se hizo en base al artículo 68 del texto refundido de la Lotup.

«No es una prohibición absoluta, es una medida cautelar potestativa que hacemos para determinadas zonas, mientras realizamos una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)», explica Tony Reig, concejal de Obras y Urbanismo, Infraestructura y Contratación del municipio alicantino. Desde la Conselleria de Industria aseguran que esta suspensión de licencias se contempla «siempre que el ayuntamiento esté desarrollando un PGOU que se encuentre en un estado avanzado de tramitación». No obstante, en el decreto no hay ninguna disposición que concrete estos casos mencionados por la conselleria.

Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente defiende que los ayuntamientos sí pueden suspender las licencias urbanísticas de manera particular y acotando las zonas, una interpretación que, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, aseguran que «se aleja totalmente del espíritu del decreto» definido en el preámbulo. La conselleria que dirige Vicente Martínez Mus se basa en el 'Artículo 8. Criterios y reglas generales para la localización e implantación de centrales fotovoltaicas', concretamente en el apartado C. «Los ayuntamientos no podrán adoptar la suspensión general de tramitación de licencias prevista en el artículo 68TRLOTUP para la implantación de instalaciones fotovoltaicas en ningún caso», reza el artículo al que hace referencia conselleria para respaldar la decisión de ayuntamientos como el de Teulada.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que ese artículo es contradictorio con respecto al preámbulo, además de ser confuso. «Precisamente esa interpretación de las consellerias hacen que la situación sea dar pasos atrás y volver al 2021, cuando los ayuntamientos tenían más manga ancha para paralizar estos proyectos, lo que no tiene ningún sentido», indican. «La disposición adicional que se introdujo en 2022 al artículo 68 fue precisamente para disminuir la capacidad de los ayuntamientos de aplicar moratorias», agrega el experto jurídico, quien destaca que ante cualquier duda de interpretación de una norma, se debe analizar el escenario previo del que se parte y el lugar al que se quiere llegar.

En este caso, la finalidad es eliminar la inseguridad jurídica y facilitar la tramitación de las energías renovables ante el evidente retraso que lleva la Comunitat respecto a otras autonomías y respecto a sus propios objetivos. «Para interpretar este decreto, debemos guiarnos por el momento y contexto en el que se pronuncia, los antecedentes legislativos y la finalidad que persigue el legislador. Esto me va a dar las pistas para interpretar correcta y cabalmente», insisten las mismas fuentes.

El DOGV también publicó hace unos días la suspensión de licencias urbanísticas en Tibi, pero, en su caso, se aprobó unos días antes de que entrara en vigor el nuevo decreto.