Boluda y su chófer, fin a 20 años de servicio ante la sospecha de una estafa

El empresario Vicente Boluda Fos perdió toda la confianza depositada en Miguel, el chófer que le acompañó durante más de 20 años de trayectoria empresarial. Tenía la sospecha, o mejor dicho el convencimiento, de que su conductor de toda la vida le había estado engañando durante los últimos años. El juzgado, no obstante, no le ha dado la razón.

La supuesta estafa se desarrollaba en dos frentes: en el mantenimiento de los vehículos que usaba Boluda y en la contratación de unas obras en su casa de Navajas, una lujosa propiedad en la que el rey emérito ha estado hospedado en varias ocasiones.

Tener de enemigo a uno de los hombres más acaudalados de España no parecía buen negocio para Miguel, aunque finalmente el trabajador ha salido indemne. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) inició toda una ofensiva judicial contra el extrabajador. Presentó una querella utilizando buena parte de sus mercantiles, Auxiliar Marítima del Sur, Boluda Corporación Marítima, Remolcadores Boluda y Unión Naval de Valencia. Según el relato de la acusación, Miguel tenía un cómplice, el dueño de un taller donde se llevaban los vehículos del querellante.

La denuncia consistía en que se facturaban reparaciones «que se hacían o no se hacían» y colocaban «importes y conceptos que no eran conformes con la legislación obligatoria y poniendo precios convenidos para enriquecerse obteniendo así unas ganancias altísimas que se repartían entre ambos».

Además, siempre según los abogados de Boluda, el chófer se beneficiaba de no tener que pagar el gasto de sus coches y de otros familiares. Un informe de otra empresa avalaría el excesivo coste de esas tareas de mantenimiento. Un detalle para contextualizar el posible coste de esta actividad: la flota de vehículos de Boluda asciende a 46 automóviles.

El otro motivo de las sospechas de Boluda eran actuaciones en su lujosa casa de Navajas. La presunta operativa era similar. Miguel se puso de acuerdo con tres mercantiles para que efectuaran determinadas obras en la propiedad. Lo hicieron, al parecer, sin albarán ni presupuesto. Luego supuestamente el chófer recogía las facturas de esas obras de rehabilitación y las pasaba al cobro en las empresas de Boluda.

La denuncia sostiene que se hinchaban los precios o que incluso se cobraba por trabajos ficticios. El objetivo supuestamente era el mismo que en la operativa anterior: enriquecerse a costa del patrimonio de Boluda. Un arquitecto elaboró un informe en el que se acreditarían estos excesivos importes.

El juzgado de Valencia que ha investigado este asunto, sin embargo, considera que no existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra el trabajador y el resto de denunciados. Recuerda en su auto de archivo, por ejemplo, que el juzgado de los Social que abordó el despido del trabajador ya concluyó que no se llegó a acreditar la estafa con los vehículos ni tampoco el supuesto concierto previo con el dueño del taller. Allí se resolvió que las sospechas no eran suficientes para imponer al trabajador la sanción más grave en el ordenamiento laboral.

La investigación penal ha llegado a la misma conclusión y por el mimso motivo, la falta de indicios. «Estos deben ir acompañados de datos objetivos que los sustenten y no sólo en manifestaciones de parte». Los denunciados negaron los hechos en el juzgado. Por ejemplo, el dueño del taller defendió su trabajo y añadió que los vehículos de Boluda son de «un nivel elevado» y necesitan de neumáticos diferentes a los habituales, por poner un ejemplo.

La instructora restó valor a los informes aportados por Boluda porque en realidad eran una simple comparación de precios de catálogos, pero no un análisis directo de los vehículos y de las necesidades de mantenimiento que requería cada uno de los coches de alta gama.

La juez llega a la misma conclusión en el caso de la vivienda de Navajas. Además, una testigo admitió que las mercantiles que hicieron la reforma sí enviaban los presupuestos y razona que el chófer no podía estar al cargo de determinadas tareas que se le atribuyen y que son competencia de otros profesionales como arquitectos o aparejadores. De nuevo resta valor al informe pericial porque es una simple comparativo de precios y no un examen in situ de las actuaciones que se efectuaron.

En definitiva, el juzgado recuerda a los querellantes que deben ser ellos los que aporten el suficiente material incriminatorio para seguir un procedimiento penal contra el chófer y los responsables de las otras empresas. De igual modo se descartó una grabación aportada a la causa donde el dueño del taller parece que le atribuye determinadas responsabilidades al chófer. Pero se trata únicamente de «insinuaciones», concluye la magistrada.