La brecha entre el Iprem y el SMI: un desacople de 400 euros

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Siete palabras que se resumen en un acrónimo poco conocido por la mayoría de la población, al que solo se presta atención al solicitar una ayuda, subvención o subsidio tras agotar la prestación contributiva por desempleo. Este olvido también se refleja en la falta de actualización de su cuantía. Suben las pensiones, se eleva el salario mínimo interprofesional (SMI), pero, un año más -y ya van tres consecutivos-, el Iprem sigue congelado, una situación que alimenta una crisis silenciosa que impacta de forma significativa en las familias más necesitadas.

En el último año cerca de un millón de parados dependen de una ayuda referenciada al Iprem y han visto cómo esa cuantía no ha variado desde 2023, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Entre los perceptores de este subsidio se encuentran adultos mayores de 52 años que han agotado su prestación por desempleo, personas desempleadas que han consumido su prestación contributiva y ciudadanos con discapacidad que no tienen otros ingresos. Miles de familias han visto congelado su único ingreso mensual oficial al mismo tiempo que el coste de la vida se ha disparado.

El IPC ha crecido un 6,4% en los últimos dos años -según el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, mientras el Iprem se ha mantenido invariable en 600 euros; su último incremento se produjo en 2023, cuando pasó de 579 euros a su valor actual, un aumento del 3,63%. En contraste, el salario mínimo creció un 9,6%, casi tres veces más.

La comparación entre ambos es inevitable. El Iprem nació en 2004 bajo el paraguas del Real Decreto-ley 3/2004 para «evitar que en el futuro se siga desvirtuando la finalidad esencial del SMI como garantía salarial mínima de los trabajadores»; es decir, para desvincular las políticas sociales de las laborales.

Desde entonces el crecimiento de ambos indicadores ha seguido trayectorias cada vez más divergentes. Mientras el salario mínimo interprofesional ha experimentado una expansión del 156,8% desde 2004, pasando de 461 euros a 1.184 euros y acumulando 20 subidas, el Iprem ha permanecido congelado en 12 ocasiones en poco más de 20 años y ha crecido apenas un 30,15%, cinco veces menos.

Este desacople se ha hecho más evidente en los últimos años, especialmente desde 2018, y «no refleja la realidad actual del país», denuncian desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). En 2004 un litro de leche costaba 33 céntimos; ahora, a cierre de 2024, cuesta 51 céntimos, un 54,55% más. Un litro de aceite de oliva pasó de 2,90 euros en 2004 a 4,20 euros a principios de 2025, un alza del 44,83%.

Los sindicatos reclaman un esfuerzo adicional al Gobierno para mejorar este indicador y, con él, las ayudas públicas. No obstante, el Ejecutivo depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. «Es una lacra y no puede depender de la bondad o no del Gobierno de turno», denunció Pepe Álvarez, secretario general de UGT en 2024, cuando se supo que el equipo de Pedro Sánchez renunciaba a negociar unas cuentas generales para ese ejercicio. «Es un instrumento para no subir las rentas sociales», añadió.

Desde 2004, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el baremo para otorgar ayudas o subsidios pasó del 75% del SMI al 80% del Iprem. Y el problema es que la subida del Iprem depende de la existencia de Presupuestos Generales del Estado.

Si no hay PGE, la cifra se congela, y el mayor golpe lo sufren los desempleados mayores de 52 años, un grupo numeroso de medio millón de personas en edad de trabajar que no logran empleo. Entre el día 10 y 15 de cada mes reciben en sus cuentas bancarias 480 euros de media, la misma cuantía que hace tres años. Si los subsidios hubieran evolucionado en la misma línea que el SMI, hoy alcanzarían los 888 euros; es decir, 408 euros más que con el Iprem.

Lo mismo ocurre con los 136.986 españoles que perciben el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva. En este caso, los desempleados que han agotado la ayuda conocida como 'paro' reciben, si cumplen con los requisitos estipulados, un pago que varía entre los 480 y 570 euros, una cifra que se duplicaría si estuviera ligada al SMI.

En abril de 2024, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció su intención de subir este indicador un 3% sin contar con el apoyo del PSOE. Esto supondría elevar el cobro mínimo de los subsidios a 560 euros, una cifra que no satisface a los agentes sociales, quienes exigen un aumento mayor. «El Iprem incumple de forma flagrante su principal función, que es garantizar unos niveles adecuados de cobertura social y fijar un parámetro objetivo para recibir ayudas del Estado», denuncia Comisiones Obreras. «Se ha quedado obsoleto y desfasado y debe ser sustituido por un índice basado en el umbral de pobreza», apuntó el sindicato el año pasado.

El Iprem no solo se utiliza para calcular los subsidios por desempleo, sino que también es la medida estándar para la mayoría de las ayudas estatales y autonómicas.

La falta de actualización del Iprem afecta a las prestaciones sociales en las que este indicador determina el acceso en función de la capacidad económica, perjudicando especialmente a las rentas medias-bajas, que suelen quedar fuera debido a la baja cuantía del índice.

La subida de este indicador también comporta que el abanico de beneficiarios se amplíe. Si se eleva el Iprem, aumenta el límite para acceder a ayudas, por ejemplo en vivienda. El Iprem marca las rentas para acceder a la vivienda pública básica (VPPB) y a la pública de precio limitado (VPPL). La primera supone 5,5 veces el Iprem y la segunda, 7,5 veces. «Es una discriminación continua e, incluso, doble», aseguran desde Cermi. «Cada comunidad autónoma aplica el Iprem de forma distinta, lo que genera inequidades según el lugar de residencia. Es una doble discriminación: social y autonómica».

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