Bruselas carga contra restricciones de horarios comerciales como las de Valencia

La Unión Europea advierte que en materia de comercio muchos están confundiendo el enemigo. La última Comunicación de la Comisión Europea, presentada por la comisaria de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, y el vicepresidente de Fomento del Empleo, Jyrki Katainen, carga contra las restricciones al ejercicio del comercio físico que se han impuesto en distintos países de la Unión Europea y hace especial mención a la ejecutas en España, entre las que cita las aplicadas en la Comunitat Valenciana.

La Comisión incide en que la «acumulación de diferentes y complejos marcos regulatorios a nivel nacional, regional y local», tienen un «impacto negativo sobre la eficiencia» del sector, los precios y la competencia. Bruselas demanda a los estados modernizar su marco normativo porque «la regulación diseñada predominantemente para el comercio físico limita la capacidad de las empresas para adaptarse y reaccionar a los cambios producidos por el comercio electrónico» y la transformación digital.

Esta denuncia comparte la línea argumental que sigue la asociación española de grandes superficies Anged, y que se ha hecho eco de la Comunicación.

El documento es prolijo a la hora de especificar y critica las distintas prácticas aplicadas por la mayoría de comunidades autónomas españolas, entre las que se cuenta la valenciana. Así, señala como equivocadas restricciones de horarios comerciales, como la acordada con el sector tras una larga negociación con las distintas asociaciones del comercio y que finalmente tampoco satisfizo a los sindicatos ni a la patronal del comercio próxima a Compromís, Unió Gremial.

Sobre este aspecto, Bruselas advierte de que «el comercio electrónico está cambiando significativamente los hábitos de consumo y las tiendas físicas pueden tener problemas para mantenerse frente a la competencia del comercio electrónico». Para contrarrestar esta situación demanda a la Administración más «flexibilidad» y unas reglas de juego más equilibradas con las nuevas formas del sector.

«En Finlandia, los horarios comerciales han sido recientemente liberalizados por completo, con un impacto muy positivo en el empleo y la competencia», se apunta desde la Comisión Europea. De hecho, Anged asegura que, junto a Finlandia, otros doce países de la Unión Europea ya han liberalizado los horarios, como es el caso de Suecia, Irlanda, Portugal o Italia.

Sin embargo, las distintas regulaciones territoriales hacen que España se encuentre a la cabeza de las restricciones, con una regulación de horarios fragmentada en 17 normativas autonómicas, a la que se suman restricciones locales.

También señala como perjudiciales las barreras a la apertura de nuevas tiendas, las regulaciones de las rebajas y los canales de distribución o los impuestos específicos, que se han intentado imponer en la Comunitat y que, pese a las críticas de Comisión, fueron aceptadas el pasado mes de noviembre por el Tribunal de Justicia de la Unión.

En el caso de esto último, el tributo ya se aplica en Cataluña, Aragón y Asturias, pero el ejecutivo comunitario no ahorra críticas: «La existencia de impuestos específicos basados en el tamaño que solo se aplican a las tiendas físicas, puede suponer para estas una desventaja competitiva en comparación con los comercios online y otras empresas» competidoras.

Por otra parte, advierte que se siguen aplicando barreras a la apertura de nuevas tiendas en muchos casos «desproporcionadas». En su opinión, restringir la concesión de licencias de apertura al tamaño de las tiendas, a las de más de 2.500 metros cuadrados en muchas autonomías, «puede moldear de forma artificial la oferta comercial afectando a los formatos y al tamaño de las tiendas abiertas».

La intención de la Comisión Europea es que los Estados miembros valoren sus marcos regulatorios y limiten las restricciones. Sin embargo, esto significa en el caso español entrar en ámbitos de competencia de tipo regional y local. De hecho, el Gobierno común se encomienda a las autoridades estatales que regulan las relaciones económicas, como el Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para poner límites a estas normas.