Bruselas estudia una denuncia contra la ampliación del puerto

Marzo es el mes que iba a traer novedades sobre la ampliación norte del Puerto de Valencia, pues la previsión es que antes de que acabe el mes Puertos del Estado se pronuncie sobre si es necesaria o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero, de momento, llegan vía Bruselas. Porque la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición de un ciudadano para que se investigue si el proyecto de la terminal norte vulnera la normativa europea medioambiental.

La denuncia se presentó el pasado agosto aunque fue el 8 de febrero cuando se comunicó al ciudadano (cuya identidad responde a las iniciales de J. S. H.) que se ha admitía y, a finales de mes, se hacía público en la web de la comisión, según explican a este periódico fuentes conocedoras del proceso.

La solicitud, a la que ya se han adherido 14 personas, recoge que el proyecto de la ampliación norte incumple tres directivas europeas: la Hábitats 1992, la 92/43/CEE del Consejo Europeo del 21 de mayo de 1992 y la 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2014.

Así, la petición basa su crítica en que la actuación planteada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) no cuenta con DIA pues considera que la existente, de 2007, está "caducada". "No sólo por el paso del tiempo sino porque el nuevo proyecto de ampliación es sustancialmente diferente del originario y puede afectar a la Albufera", explican las mismas fuentes. En este sentido, la APV renunció hace ahora un año a dos de las actuaciones que habían generado polémica: la ampliación en unos 500 metros del dique de abrigo y el dragado del canal de acceso para ampliar su cota hasta los 22,5 metros en aguas exteriores.

Asimismo, la denuncia considera que se infringe el trámite de información y la participación de las partes interesadas, pues "al no estar definido el proyecto constructivo en su totalidad, no habrá tiempo de exponerlo a información pública", por lo que no podrán presentar alegaciones.

El Parlamento Europeo, además de admitir la petición (más de la mitad son rechazadas), ha solicitado información a la Comisión Europea y también a la comisión de Medio Ambiente.