Bruselas ve inaceptable que el agricultor pierda dinero, pero no actúa para evitarlo

La propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, espoleada sin duda por ser cabecera electoral para los próximos comicios europeos de junio, ha irrumpido en medio de la crisis agraria para decir que ve «inaceptable» que los agricultores se vean obligados a vender sus productos por debajo de los costes de producción.

Puede darse la bienvenida a la presidenta europea, cuando baja a interesarse directamente por el clamor del campo, pero si explica su sobrevenido sentimiento solidario indicando que «los agricultores me dicen que a veces se ven obligados a vender sus productos por debajo de los costes de producción y eso es totalmente inaceptable», cabe preguntarse dónde estaba hasta ahora la señora Von der Leyen, con quién hablaba, qué estudios e informaciones leía, que no ha sabido de lo inaceptable del problema hasta que lo ha descubierto por unos agricultores.

En una rueda de prensa dedicada casi por entero a cuestiones agroalimentarias, tras la última cumbre de líderes europeos, la presidenta europea ha reconocido que «los agricultores están legítimamente preocupados por su futuro», por lo que «aspiramos a fortalecer su poder de negociación». Aunque luego ya no aclaró en qué podría concretarse dicha aspiración, para poder satisfacer a quienes ve legítimamente preocupados.

¿Y qué más? Tan sólo que «se les ha escuchado y actuado a nivel de la UE en el corto, medio y largo plazo», y que se establecerá «un observatorio para crear más transparencia en cuestiones como los costes de producción, los márgenes en la cadena de valor de los alimentos y todos los pasos intermedios», para intentar avanzar en la forma de mejorar «la remuneración y los beneficios».

Así que, peligro, un observatorio, de nuevo. Todo se confía a la tarea de oponerse a observar. Por aquí también. Antiguamente, llegados a puntos complejos que precisarían recurrir a decisiones difíciles, políticamente no correctas, el recurso apropiado consistía en crear comisiones mixtas que se encargaran de estudiar -y alargar- la cuestión. Hoy son observatorios. Es lo mismo, cambian los nombres. Entretener mientras se guardan las apariencias.

Entre las conclusiones de dicha cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevalece la retórica acostumbrada en estos casos: «suavizar las exigencias medioambientales» (sin arriesgar nada), incidir en «la importancia de un sector agrícola resiliente y sostenible para la seguridad alimentaria y la autonomía estratégica de la Unión» (a buenas horas, mangas verdes), destacar «el valor de las comunidades rurales vibrantes y el papel esencial de la política agrícola común en este sentido» (otra vez), o insistir en que «los agricultores necesitan un marco estable y previsible, también para acompañarlos a la hora de abordar los desafíos medioambientales y climáticos» (por si no se sabía).

También destacan que se debe garantizar la competencia «basada en reglas justas» globalmente y en el mercado interior, pero sin hacer valer la preferencia comunitaria, nada de 'cláusulas espejo', ni se habla de frenar las importaciones desleales. Sólo citan lo del comercio «justo y equilibrado», pero no tocan lo que desequilibra injustamente. Y por si quedaban dudas, Von der Leyen ha pedido no culpar a la agenda verde, que considera «un camino para solucionar obstáculos», cuando es precisamente uno de las principales motivos que están en el centro de las protestas agrarias. «Sí tenemos un problema con la competitividad -concluyó-, pero no debemos tomar al Pacto Verde como chivo expiatorio; al contrario, es el camino hacia adelante para modernizar nuestra economía, y en este marco está la Ley de Restauración de la Naturaleza».

Por cierto, una ley que, inesperadamente, pende ahora de un hilo, porque tres países (Italia, Países Bajos y Hungría) van a votar en contra en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente (último paso para aprobarla o no) y otros (entre ellos Bélgica, Finlandia, Austria y Polonia) se abstendrán, con lo que está en peligro la mayoría a favor de un 50% de países con el 65% al menos de la población total de la UE para aprobarse.