La inestabilidad geopolítica y la incertidumbre provocada por el presidente Donald Trump -que pretende poner aranceles al aluminio y el acero europeo, entre otros- ha ... servido como revulsivo para que Bruselas se ponga manos a la obra en impulsar la competitividad europea. El Ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles su Pacto para la Industria Limpia, con el que quiere reforzar el sector a nivel global e impulsar su descarbonización, reduciendo la factura de la UE en importaciones de combustibles fósiles, agilizando el proceso de permisos para proyectos de energía sostenible, cambiando los impuestos sobre la energía y aumentando las ayudas a las renovables.
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Fuentes comunitarias apuntaron ayer que el plan de acción europeo incluye recomendaciones del Informe Draghi y «muestra el compromiso de Europa para ser el primer continente neutral en emisiones de carbono» con incentivos para la descarbonización, centrados en particular en las industrias energéticamente intensivas. Y es que una de las mayores desventajas competitivas de la Unión Europea (UE) es el precio de la energía, con el gas cuatro veces más caro que en Estados Unidos (EE UU), por lo que Bruselas quiere reducir las facturas de hogares y empresas bajando las cargas a los consumidores para el mantenimiento de la infraestructura energética y los impuestos sobre la energía.
A finales de 2024 los precios de la electricidad en la UE fueron 2,2 veces más altos que en EE UU y el doble de caros que en China. Se espera que el plan de acción de Bruselas sirva para ahorrar hasta 43.000 millones de euros anuales para 2030 sólo con una mejor integración del mercado energético. Además, la flexibilidad de la red podría reducir en un 35% los costes de expansión de la red eléctrica.
Entre las medidas que propone Bruselas se encuentra una mayor eficiencia en los costes para el mantenimiento de la infraestructura y que los Estados miembros actúen en los impuestos sobre la electricidad para «que no sea discriminada frente a otras fuentes de energía como los combustibles fósiles», apuntan fuentes comunitarias. En las industrias intensivas en energía, la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía permite a los Estados miembros reducir la fiscalidad de la electricidad a niveles muy bajos o incluso a cero. Del mismo modo, Bruselas recomienda eliminar gravámenes sobre la electricidad «que financian políticas no relacionadas con la energía». De este modo, la Comisión enviará a finales de 2025 una recomendación a los países europeos sobre cómo reducir de forma efectiva los niveles impositivos.
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Según ha destacado el vicepresidente de la Comisión responsable de la Estrategia Industrial europea, Stéphane Séjourné, «el mercado eléctrico es demasiado volátil y debemos proteger a las industrias intensivas energéticamente de esa volatilidad, con contratos a largo plazo. Esto cambiará el escenario».
Bruselas calcula que harán falta 480.000 millones en inversiones cada año para lograr la transición limpia por lo que, a nivel nacional, apunta que las ayudas de Estado y los incentivos fiscales serán «cruciales» para la descarbonización. El Pacto Industrial Limpio proporcionará a los países europeos apoyo «necesario y proporcionado», dando un horizonte más amplio de 5 años para planear. El marco de simplificación de ayudas de Estado permitirá aprobar rápidamente medidas para la descarbonización y proyectos de tecnología verde, eliminando distorsiones en el Mercado Único.
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Para 2030, la Comisión espera que el Pacto para la Industria Limpia permita el aumento del uso circular de materiales hasta el 24%, un crecimiento de la economía de remanufactura de 100.000 millones de euros y la creación de 500.000 nuevos empleos. Se espera, igualmente, la instalación anual de 100 GW de capacidad renovable.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha presentado su paquete de simplificación, con el que quiere reducir hasta un 35% de la burocracia que enfrentan las pymes y el 25% de las cargas administrativas para las grandes firmas europeas. Con esta propuesta, Bruselas también quiere reducir hasta un 80% el número de empresas obligadas a informar de si cumple con los estándares medioambientales de la UE y quedarán fuera, entre otras, las compañías con menos de 1.000 trabajadores, que no deberán remitir informes de sostenibilidad al Ejecutivo comunitario.
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La Comisión Europea calcula que esta propuesta generará ahorros anuales de 6.300 millones de euros en costes administrativos y movilizarán 50.000 millones adicionales en inversiones públicas y privadas. «El exceso de burocracia lastra, hoy en día, la innovación europea», ha asegurado el comisario europeo de Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra. A pesar de que la Comisión ha insistido en que la simplificación no reducirá las exigencias medioambientales, la norma entrará en vigor un año después de lo previsto, en 2028.
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