Bruselas obliga al Consell a permitir las gasolineras sin trabajadores

Las gasolineras desatendidas, conocidas como 'low cost' por sus bajos precios, no estarán obligadas a tener personal en horario diurno como pretendía la Conselleria de Economía, con el respaldo de asociaciones de consumidores, personas con discapacidad y sindicatos.

Esa exigencia, incluida en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2016, no llegó a aplicarse por los recursos de los empresarios afectados ante distintas instituciones, en línea con el criterio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y ayer, el Gobierno valenciano derogó esa disposición que obligaba a las gasolineras a tener personal en horario diurno para atender a personas con diversidad funcional, por «imperativo legal», básicamente para evitar la imposición de una multa diaria de 600.000 euros por parte de la Unión Europea.

Así lo señalaron la portavoz, Mónica Oltra, y el conseller Rafael Climent después de que el pleno diese luz verde a un decreto que al Consell «no le gusta tener que aprobar» pero tuvo que hacerlo porque es «una disposición obligatoria» de la Unión Europa y costaría «muchísimo dinero» incumplirla. De hecho, el titular de Economía se comprometió a seguir «buscando fórmulas» para garantizar que haya «gasolineras inclusivas». «No vamos a desfallecer para que las gasolineras tengan personas que atiendan a personas con discapacidad», recalcó.

Para Climent, al eliminar la obligatoriedad de disponer de una persona responsable en horario diurno, que garantice los derechos de los usuarios y atienda a las personas con diversidad funcional, «se rompen, por un lado, las políticas del Pacto del Botánico, que ponen en el centro a las personas» y se mantiene la «asignatura pendiente» de crear una Europa social, además de la Europa económica y financiera.

La decisión del Consell llega después de que la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pyme de la Comisión Europea emitiese un requerimiento al Gobierno de España sobre las estaciones de servicio automáticas, en febrero de 2017, y exigiese el cumplimiento de la directiva europea que sólo se permite a los estados miembros introducir nuevos requisitos, como la obligación de tener personal, cuando cumplan las condiciones de no discriminación, necesidad (por razón imperiosa de interés general) y proporcionalidad (adecuados para la realización del objetivo perseguido).

Según Climent, Europa ve «innecesarias y desproporcionadas» las razones esgrimidas por el Consell y no cumplir la directiva implica una multa de 600.000 euros diaria, por lo que optan por acatar una decisión que también afecta a Castilla León, Castilla la Mancha, Navarra, País Vasco, Baleares o Murcia. No obstante, confía en la reunión que se celebrará el próximo jueves en Bruselas entre representantes de la Comisión Europea, de España y de los gobiernos autonómicos afectados.