Bruselas lanza un plan para proteger la automoción europea frente a EE UU y China

Bruselas también facilitará fondos de innovación por valor de 1.800 millones en los dos próximos años para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos en Europa. Se trata, en definitiva, de un cóctel de medidas proteccionistas que quieren asegurar la igualdad de condiciones de los fabricantes de la UE en el mercado global y la supervivencia de una industria que aporta el 7% del Producto Interior Bruto a la economía de la Unión Europea.

«Hay mucho potencial a nivel global en innovación y soluciones limpias. Quiero ver cómo nuestra industria automovilística toma la delantera», ha asegurado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien destacó que la prioridad será «evitar las dependencias estratégicas, sobre todo en la producción de baterías eléctricas». El objetivo no es otro que lograr un sector «sostenible, competitivo e innovador», para lo que se utilizarán mecanismos de defensa comercial, como medidas antisubsidios –ya se activaron con los aranceles a los vehículos eléctricos chinos– para favorecer los vehículos 'made in Europe'.

El sector se enfrenta a un panorama muy complicado ya que debe competir con los vehículos chinos, más baratos, y está amenazado por los aranceles del 25% que Donald Trump quiere imponer a los coches europeos que llegan a EE UU –una medida que afectará especialmente a Alemania, la principal economía del bloque–. La receta comunitaria a este dilema pasa por reducir los costes de las materias primas e impulsar la producción local de todos los componentes «para asegurar que la próxima generación de vehículos se fabrica en Europa», ha destacado el comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

De este modo, el bloque también quiere reducir su dependencia de componentes del exterior, que pone en riesgo la producción europea y puede llegar a lastrarla, como ya ocurrió con la falta de suministro de semiconductores por parte de China en 2021. En este ámbito, Bruselas ha impulsado la creación de plantas de microchips en diferentes Estados miembros, pero el informe del expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi advierte de que aún existen lagunas en materia de innovación, inversión e infraestructuras que amenazan con dejar atrás a Europa en la fabricación de productos electrónicos y pide una política industrial sólida a nivel comunitario.Y es que este tipo de elementos electrónicos no sólo son fundamentales para la industria del automóvil, sino también para la industria de la Defensa, donde el comisario Tzitzikostas ha apuntado que suponen «componentes críticos», más aún con el plan de rearme europeo presentado esta semana por el Ejecutivo comunitario.

Otro de los pasos clave para impulsar el 'made in Europe' es acelerar la producción de baterías eléctricas dentro del bloque. En su plan de acción, Bruselas plantea ofrecer 1.800 millones en ayudas directas durante los próximos dos años a los fabricantes europeos para que puedan competir con las baterías importadas, más baratas. En paralelo, la Comisión estudia introducir gradualmente requerimientos a las celdas de baterías eléctricas y otros componentes para crear una igualdad de condiciones dentro del Mercado Único para los productores locales y foráneos.

Esa fue la máxima que aplicó la UE en octubre de 2024, cuando impuso aranceles de hasta el 35,3% a los coches eléctricos chinos importados ante los «subisdios ilegales» que recibían de Pekín y que eran perjudiciales para los productores europeos. Aunque la decisión dividió a algunos Estados miembros, Bruselas está decidida a mantener el pulso con el gigante asiático y con cualquier potencia que emplee prácticas desleales. En este punto, ha abierto la puerta al endurecimiento de las condiciones para la inversión extranjera en la industria automotriz europea, con obligaciones para crear empresas conjuntas, requisitos de contratación y transferencia de I+D y tecnología.

Además, no hay que olvidar que Von der Leyen adelantó el lunes que en materia medioambiental dará tres años más a las empresas para cumplir con sus objetivos de emisiones de C02, lo que librará al sector de multas millonarias que supondrán la pérdida de 16.000 millones en inversiones, según datos de la patronal.