Bruselas se persona en el caso Aido para reclamar la devolución de las ayudas europeas

El caso AIDO, el presunto saqueo de fondos europeos y estatales para proyectos de investigación, ha despertado el interés y las sospechas de la Unión Europea acerca de la gestión de ese dinero público. El Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (AIDO) es el núcleo de un supuesto fraude de subvenciones de varios millones de euros a lo largo de diferentes ejercicios. El método delictivo consistía supuestamente en registrar horas de trabajo ficticias en los proyectos subvencionados para obtener así más recursos.

El plan se completaba con falsificaciones de facturas de algunos proveedores a los que se les modificaba, parcial o totalmente, el objeto o el concepto por el que se habían cursado. Tras esa variación, se podían incluir en las iniciativas financiadas por ayudas de la Generalitat o la Unión Europea y conseguir el reintegro de esas cantidades. No era a priori un método destinado al saqueo de fondos para intereses privado sino más bien un sistema para mantener el ingreso de dinero en la institución y asegurar su supervivencia.

La titular del juzgado de Instrucción 2 de Paterna ha comunicado a las partes del procedimiento -ya en su fase final- la personación de un abogado para reclamar la devolución de las cantidades obtenidas supuestamente de manera fraudulenta. Este profesional representará los intereses de la Comisión Europea, pero únicamente para ejercer la acción civil, es decir, no pedirán penas de prisión. A día de hoy se desconoce el importe total del fraude, pero puede rondar los varios millones de euros. El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef) colocaba bajo sospecha otros 819.000 euros sólo del ejercicio de 2012. Todas las sospechas se concentran en el que fuera director del centro, Emilio Pérez Picazo, quien presuntamente coordinaba toda la estructura para obtener y defraudar todo este tipo de subvenciones. En su declaración judicial, no obstante, rechazó todas las acusaciones y apuntó hacia sus subordinados (directores de área y jefes de departamento) como responsables del control de las horas facturadas.

Además, el juzgado abrió una pieza separada para investigar también los cursos de formación que se impartieron en el instituto. También en este apartado existen sospechas de irregularidades.

No es la primera ocasión en que la Unión Europea pone el foco en la Comunitat y la gestión de fondos comunitarios. Se da la circunstancia, además, de que también otro instituto tecnológico, en este caso la Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico), se encuentra investigado por una situación idéntica. La entidad recibió siete millones de euros de fondos Feder para la construcción de una nave en Novelda. Sin embargo, este dinero no se destinó a esa infraestructura. Se gastó en pagar a proveedores y en proyectos tan estrambóticos como en un proyecto de guardería innovadora. La idea terminó en fracaso. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel por un fraude en subvenciones. Entre los acusados, figuran Juan Eloy Durà, expresidente de los constructores valencianos que estaba al frente de Aidico y el gerente de la compañía durante casi dos décadas, Ramón Congost.