Bruselas quiere limitar la inversión extranjera tras las compras de la china Cosco en Europa

«Quiero decirlo de una vez por todas: no somos unos defensores ingenuos del libre comercio. Europa deberá defender siempre sus intereses estratégicos». Así ha basado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, su propuesta de poner límites a la inversión de empresas públicas extranjeras en el discurso anual sobre el estado de la Unión.

De hecho, el presidente del gobierno común no ha dicho nombres, pero sí ha señalado las operaciones que han hecho saltar las alarmas y empujado a Bruselas a tomar medidas: «Si una empresa pública extranjera desea comprar un puerto europeo, una parte de nuestra infraestructura energética o una empresa de tecnología de defensa, la adquisición sólo debe llevarse a cabo con transparencia, estudio y debate».

La compra por parte de la compañía estatal china Cosco Shiping del puerto griego del Pireo es ese primer caso. Se trata de la mayor operación que se ha hecho en el mercado portuario europea, pero no es la única. Y es que el pasado mes de junio esta empresa se hizo con el 51% de Noatum Ports, cuya joya de la corona es la terminal de contenedores del Puerto de Valencia.

De hecho, aunque en este caso la adquisición es no es de total la infraestructura, significa controlar el movimiento de casi la mitad del tráfico del Grao, que es el mayor puerto del Mediterráneo. En el lote compró también terminales en Bilbao (Noatum Container Terminal Bilbao), así como los centros logísticos o puertos secos de Madrid (Conterail) y Zaragoza (Noatum Rail Terminal Zaragoza), de menos envergadura pero sumamente importantes.

Juncker reconoce que tiene «la responsabilidad política de saber lo que se cuece a nuestro alrededor, a fin de proteger nuestra seguridad colectiva en caso necesario». El objetivo final es establecer un marco europeo para el control de la inversión extranjera directa en la Unión Europea. Al mismo tiempo, la Comisión comenzará a analizar detalladamente los flujos de inversiones directas extranjeras en la Unión Europea y a crear un grupo de coordinación con los estados miembros para tratar de definir cuáles son las preocupaciones y las soluciones estratégicas conjuntas en el ámbito de las inversiones extranjeras directas.

Desde la capital comunitaria se defiende que Europa tiene uno de los regímenes de inversión más abiertos del mundo, y la apertura a la inversión extranjera está consagrada en los tratados constituyentes. No obstante, «en algunos casos, puede que los inversores extranjeros pretendan adquirir activos estratégicos que les permitan controlar las empresas europeas cuyas actividades son vitales para nuestra seguridad y orden público, o bien influir en ellas», como es el caso de los puertos.

«Las adquisiciones de empresas públicas extranjeras o bajo el control de estados extranjeros en estos sectores estratégicos pueden permitir a determinados terceros países utilizar estos activos no solo en detrimento de la ventaja tecnológica de la Unión Europea, sino también para poner en peligro nuestra seguridad u orden público», indica la Comisión en un comunicado remitido desde su representación en España.

Sin embargo, el movimiento de las grandes compañías, especialmente las chinas y rusas, es rápido. Así, como el reglamento sobre el control de las inversiones necesita la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo de los estados miembros, «a fin de no perder tiempo», la Comisión Europea «propone en paralelo avanzar inmediatamente» en la creación de un grupo de coordinación sobre el asunto y, antes de finales de 2018, elaborar un «profundo análisis» de los flujos de inversión extranjera directa.