Bruselas sigue adelante en su pretensión de reducir la producción agraria europea

La aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza en el Parlamento Europeo ha terminado de desatar una oleada de críticas y de preocupación en el sector agrario de toda la UE, porque se temen nefastas consecuencias que acaben de complicar la viabilidad futura de la mayoría de explotaciones agrícolas y ganaderas, así como también de las actividades silvícolas y las pequeras.

Pasado mañana, miércoles, será una fecha clave para el desenlace de este asunto de hondo calado. Tras ser aprobada la ley en la Eurocámara (por un estrecho margen y después de sufrir reveses en su paso por comisiones parlamentarias), se inicia el proceso de negociación a tres bandas, lo que se denomina el 'trílogo', entre representantes del propio Parlamento, del Consejo de Ministros (solo de Medio Ambiente) y de la Comisión Europea. Entre los tres, dos españoles: el eurodiputado César Luena, ponente de la ley, la ministra de Medio Ambiente Teresa Ribera (por el turno de la Presidencia española) y Frans Timermans, vicepresidente del Ejecutivo europeo y gran adalid de las sucesivas reformas ecologistas a costa de los sectores agrarios.

En esta sesión de pasado mañana se pueden dar pasos firmes en la dirección que los tres máximos representantes pretenden, o cabe que se inicie un paréntesis en atención a que el próximo domingo hay elecciones en España, en las que puede darse un cambio en el Gobierno y por tanto en la orientación de la Presidencia sobre esta cuestión, lo que sumaría enteros junto a los países que ya vienen mostrándose contrarios a esta ley.

Los defensores de la normativa argumentan que, lejos de ir contra los intereses de los agricultores, su aplicación jugará a favor. Pero eso es lo que les sale en su juego de teorías sobre el papel: puro toreo de salón. En la práctica resulta más que evidente que si se tienen que retirar tierras de cultivo, se imponen nuevas restricciones a la ganadería, a la fertilización y a la lucha contra las plagas, se persigue la intensificación y se favorecen producciones extensivas con criterios puramente naturalistas, bajará la producción de alimentos en Europa, se encarecerá el coste unitario al haber menos unidades, peligrará la viabilidad de un sinfín de explotaciones, subirán los precios para los consumidores, tendrán que aumentarse las importaciones para suplir la merma de autoabastecimiento y todo eso define unas condiciones de empobrecimiento general, traduciéndose en pérdida de riqueza y de empleo, aumento del abandono del campo y crecimiento de la despoblación, lo que por otro lado tanto se dice que se quiere combatir.

Desde AVA-Asaja se habla de «traición» a los agricultores por parte de los eurodiputados que han votado a favor. Entre ellos, los de la izquierda española, incluidos quienes se suelen mostrar como grandes defensores del campo; veremos cómo se explican ahora.

Asaja reconoce «la importancia de preservar y proteger nuestro entorno natural» y esgrime «un compromiso con la restauración de la naturaleza en armonía con la actividad agrícola». Sin embargo, señala «discrepancias significativas con respecto a esta ley específica y sus implicaciones para los agricultores españoles y europeos por la falta de equilibrio y flexibilidad en las medidas propuestas». Por contra plantea «que la restauración de la naturaleza tenga en cuenta las particularidades de cada región y las diferentes prácticas agrícolas que se emplean en Europa». Rechaza que los agricultores «estemos en contra de la restauración de la naturaleza, como se acusa desde determinados grupos y organizaciones», y destaca «nuestro papel como defensores de la tierra» y la voluntad de «adoptar prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la biodiversidad y la conservación de nuestros ecosistemas». Sin embargo considera que, «a pesar de las enmiendas, esta ley sigue estando fundamentalmente mal preparada y seguirá siendo inaplicable para los agricultores».

Dos puntos fundamentales son la falta de presupuesto para aplicar esta ley y que considera que los terrenos con paneles fotovoltaicos o torres eólicas son más sostenibles que los agrícolas. Lo primero quiere decir que no han previsto pagar por los recortes y las nuevas obligaciones previstas. Lo segundo puede ser aún más grave: ¿están preparando el escenario para arrebatar de cualquier modo espacios agrarios para nuevos usos energéticos, industriales y urbanos?