La mediática guerra del taxi que enfrentó a este clásico sector con las entonces novedosas plataformas de VTC como Cabify o Uber se cerró ... con dos medidas. Por un lado, se pasó la pelota a las autonomías para que regulasen los tiempos de espera para contratar los vehículos y, por otro, se aprobó un decreto que establecía cuatro años de operaciones para amortizar las licencias en vigor de los vehículos sin conductor antes de darlas por expiradas. El mismo decae este octubre y, si no se aprueba una moratoria u otra normativa regional, forzará a Cabify y al resto de VTC clásicas a abandonar la Comunitat Valenciana.
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En las ciudades de Valencia y Alicante, las únicas con este tipo de servicio en la autonomía, tan solo opera en la actualidad la plataforma Cabify. Uber tiró la toalla después de que se aprobase la regulación que imponía un tiempo de espera de 15 minutos para solicitar uno de estos vehículos. Una demanda del taxi, que consiguió ser escuchado por parte de los partidos del Botánico y depuso las armas en esta batalla valenciana. Sin embargo, Cabify encontró un resquicio legal para solo tener que realizar esta espera en el primer trayecto contratado por un usuario y así se ha podido seguir dando este servicio.
De forma paralela a esta plataforma, a la cual se adscriben en torno a una treintena de empresas tanto locales como del exterior y autónomos, también operan otras firmas locales en el servicio más clásico de VTC. Hablamos desde desplazamientos contratados para empresas privadas hasta trabajos para hospitales como La Fe que se han asignado tras ganar concursos públicos. Y estos también dejarán de trabajar forzosamente en octubre si no se encuentra una solución
Ricardo González, presidente de la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunitat Valenciana, remarca que ya han trasladado a la Generalitat la necesidad de que pida al Gobierno central una moratoria ya que considera que los cálculos de amortización llevados a cabo en 2018 «no han sido justos». Y lo dice con un argumento firme como es la pandemia, que redujo la movilidad de los valencianos y recortó la llegada de turistas. Por ello, considera que lo justo sería que en toda España se diese algo más de plazo.
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La otra opción que está encima de la mesa de los partidos de izquierda que firmaron el pacto del Botánico es establecer una nueva regulación, tal y como han hecho Madrid o Barcelona. La primera autonomía va a permitir una convivencia con el taxi con apenas regulaciones mientras que la segunda ha establecido unas condiciones muy duras que van a forzar que la mayor parte de las licencias dejen de operar. Sin embargo, la Generalitat Valenciana no ha hecho ningún movimiento en este sentido y, por el momento, se descarta. Además, los plazos son muy ajustados.
El dirigente de la entidad, que está adscrita a la patronal autonómica, remarca la necesidad de que Cabify y el resto de VTC puedan seguir operando en Valencia y Alicante, ya que si no hay ningún movimiento tan solo podrán hacer trayectos interurbanos que son ahora muy puntuales. «Eventos como los de los Goya no se podrían haber celebrado con normalidad sin las VTC», insiste González. Además, es claro al afirmar que el aeropuerto, Feria Valencia o el Palacio de Congresos hacen necesaria su presencia para que el tráfico fluya.
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González reivindica algo tan básico como «que nos dejen trabajar» y afirma que, en ningún caso, quiere la desaparición del taxi. «Somos servicios complementarios y cuanta más disponibilidad de oferta de movilidad haya será mejor para toda la sociedad», apostilla. Del mismo modo, recuerda que ya se les ha puesto palos en las ruedas con las restricciones municipales del Ayuntamiento de Valencia, que una entidad pública como Competencia ha criticado.
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