Cabify negocia a contrarreloj para no tener que abandonar Valencia

En los últimos días se están produciendo reuniones entre los responsables de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y dirigentes de la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunitat Valenciana, patronal de los VTC. También ha habido encuentros con la Federación Sindical del Taxi de Valencia.

Los mismos tienen lugar después de que Cabify y las VTC hayan dado por perdida su primera baza para seguir operando con normalidad, que el Ministerio de Transportes aprobara una nueva moratoria (o ampliara la actual) que fuera más allá de los cuatro años. Consideraban que había que reconsiderar la medida al tener en cuenta la pandemia. Sin embargo, el Gobierno ha descartado esta opción y solo se ha abierto a aprobar recursos individuales interpuestos, pero nunca llevar a cabo una que implique a la totalidad del colectivo.

Según la Generalitat, están trabajando «para encontrar la mejor solución para los VTC y el sector del taxi, prevaleciendo siempre el servicio al ciudadano y utilizando como referencia las diferentes resoluciones de otras autonomías». Y este es justo el punto que más inquieta a Cabify, ya que regiones como Cataluña han hecho una normativa muy restrictiva que va a suponer la práctica desaparición de estos servicios. Por su parte, otras como Madrid (y en menor medida Andalucía) permiten operar con cierta normalidad pese a algunas limitaciones menores. Por el momento, no se ha desvelado qué modelo utilizarán de base los dirigentes valencianos.

El problema con el que se encuentra la Conselleria de Movilidad ahora es doble. Por un lado, los más que ajustados plazos que literalmente terminan hoy y, por otro, las demandas del sector del taxi, al que quiere proteger. Desde la federación de taxistas trasladan que quieren que se cumpla la normativa actual y que, por tanto, no se permita que los VTC tengan el visto bueno para hacer trayectos dentro de ciudades como Valencia cuando se les termine la licencia o la moratoria actual. Exigen que solo hagan trabajos interurbanos, lo que es una parte ínfima de su trabajo.

Además, recuerdan que la última guerra local del taxi -que terminó con la salida de Uber de la Comunitat Valenciana- se saldó con una normativa que imponía un tiempo de contratación de 30 minutos que no cumple Cabify en la actualidad. Lo evita al haber encontrado un resquicio legal por el que solo lo cumplen en el primer viaje del usuario a través de la aplicación. Por ello, no se fían de que se aprueben nuevas restricciones porque consideran que no está claro que se vayan a cumplir. Por su parte, desde los VTC guardan silencio y se limitad a un duro comunicado nacional en el que se subraya que se ha dejado «un reguero de indemnizaciones millonarias pendientes y un galimatías regulatorio a nivel regional».

Desde la Generalitat no quieren aprobar una normativa con prisas y no descartan que todo el proceso se alargue aunque se cree un limbo legal a partir del fin de semana. Remarcan que hay que tener en cuenta que el plazo de cuatro años depende de cuando se otorgaron las licencias y que, por tanto, no afecta a toda la red de Cabify y VTC. Además, se deja la puerta abierta a que aquellos que han solicitado prolongar la moratoria puedan seguir operando aunque el Ministerio de Transportes no se haya pronunciado.