Gonzalo Urquijo, presidente de la empresa matriz de Abengoa, perdió ayer el pulso contra los accionistas minoritarios, que se impusieron en la votación que tuvo lugar en la junta para elegir a los nuevos consejeros, y que alcanzarán en el medio plazo la dirección del grupo empresarial dedicado a las infraestructuras, agua y energía. Este proceso también acarreará la destitución del propio Urquijo y con su salida se pondrá fin al proyecto para trasladar la firma andaluza a Valencia, que se quería negociar a cambio de que la Generalitat concediese un crédito de 20 millones.
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Tal y como se informó tras el cónclave interno, se designaron a tres consejeros de la plataforma AbengoaShares, contraria a la idea de cambiar la sede social u operativa a la Comunitat Valenciana, y que ahora quieren situar ahora al cántabro Clemente Fernández en la presidencia de la firma. En concreto, fueron Juan Pablo López-Bravo, Margarida de la Riva y Jordi Sarrías los que se impusieron a los candidatos respaldados por Urquijo aunque uno de ellos renunciará al cargo para que sea elegido por cooptación Clemente Fernández.
Tal y como destacaron ayer desde AbengoaShares en declaraciones a este diario, consideran que el hipotético traslado impulsado por Urquijo "es inviable". Desde esta agrupación siempre han defendido la necesidad de que el grupo empresarial se quedase en Sevilla, donde cuenta con más de 2.000 empleados mientras que en la Comunitat Valenciana no tiene ninguna presencia. "El cambio hubiera sido un acto de desprecio a nuestra plantilla", añadieron desde AbengoaShares, que quisieron dejar claro que nuca creyeron que la idea fuera a materializarse sino que era más bien una herramienta de presión que había tratado de utilizar la dirección anterior para sus propios beneficios.
La propuesta para que Abengoa se afincara en Valencia apenas ha durado unas semanas. El pasado 26 de noviembre, el presidente Ximo Puig anunció en Les Corts que una multinacional había contactado con la Generalitat con la idea de implantarse en el territorio y pocas horas más tarde desde Presidencia confirmaron que se trataba de Abengoa. Urquijo viajó a Valencia para buscar el respaldo de la administración autonómica después de que la Junta de Andalucía le hubiese denegado un crédito de 20 millones que contribuyese a refinanciar una enorme deuda de más de 500 millones.
Puig aceptó estudiar la propuesta y desde el Consell condicionaron más tarde el traslado de la sede social a que también acarrease inversiones que generasen empleo, aunque nunca se concretaron. Tan sólo se anunció que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) realizaría unos informes técnicos y se pronunciaría al respecto pero ni tan siquiera se ha podido terminar este trabajo. Además, algunos actores implicados en el proceso aseguraron que este movimiento sólo respondía "a un globo sonda" para que la Junta de Andalucía aceptase realizar el desembolso que se planteaba la Generalitat y que finalmente tampoco ha ejecutado.
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El debate sobre la necesidad de abonar un crédito de 20 millones, cuyos fondos querían extraerse de una partida destinada a empresas valencianas afectadas por la pandemia, a cambio del traslado de Abengoa a Valencia ni tan siquiera se encontró con el visto bueno de todos los partidos de izquierda presentes en el Consell. Mientras el PSPV vendía las bondades desde Compromís y Unidas Podemos recelaron de un plan al que nunca terminaron de ver muchas ventajas y que ahora está claro que nunca se producirá.
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