Un catedrático de Derecho alerta contra la reforma del despido «a la carta» porque puede reducir la indemnización del trabajador

Hace casi un año, en abril de 2024, Europa abrió la puerta a encarecer el despido improcedente en España y elevar la indemnización actual de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, así como a establecer una compensación a la carta que repare el daño del trabajador en función de sus condiciones personales, como la edad, los años en la empresa, el sexo, la formación... Esta resolución la adoptó el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) tras sendas denuncias de UGT y CCOO y abrió la puerta a la esperanza de muchos trabajadores.

Sin embargo, tanto el Tribunal Supremo como expertos en derecho laboral han emitido fallos y juicios que apuntan en la dirección opuesta. Por un lado, la Sala de lo Social del Alto Tribunal unificó doctrina en la STS 19 de diciembre 2024 y cerró la puerta al reconocimiento de indemnizaciones adicionales por los jueces en cada caso concreto.

La sentencia, fundamentada, diferencia entre normas internacionales directamente aplicables y las que necesitan un desarrollo legislativo nacional, y rechaza de plano aumentar la indemnización por despido improcedente, fijando el tope establecido legalmente en el art. 56.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, los jueces aplican la ley, y la ley se puede modificar. Y ese cambio es el que está estudiando el Gobierno a través de varios ministerios, ya que «el Tratado es jurídicamente vinculante y las decisiones del Comité de Expertos son de obligado cumplimiento», según establece una ley publicada en el BOE en junio de 2021.

Expertos en Derecho del Trabajo han alertadom no obstante, de que el incremento de la indemnización por despido improcedente puede generar efectos contrarios a los esperados por sindicatos y trabajadores.

Jesús Lahera Forteza, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense e investigador de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) considera que implantar en España indemnizaciones «a la carta» en los despidos improcedentes «saturaría la jurisdicción social, generaría inseguridad jurídica, desincentivaría pactos indemnizatorios entre empresas y trabajadores, tendría efectos distorsionadores en la contratación y rompería los fundamentos del sistema específico laboral que libera de prueba del daño al trabajador a cambio de la certidumbre de costes».

El informe de Lahera defiende que el sistema de indemnización tasada y topada en despidos improcedentes «ofrece previsibilidad, certidumbre y seguridad jurídica con ventajas para los trabajadores, las empresas y el propio sistema judicial y económico, frente a notables desventajas de la indemnización abierta a criterio del juez en cada caso».

Así, el catedrático de Derecho apunta las desventajas con las que se podría encontrar un trabajador y sostiene que «la indemnización abierta acarrearía dificultades probatorias para el trabajador, rompería esta certidumbre automatizada, que le permite negociar con la empresa su salida sobre un mínimo legal, y tendría efectos negativos en la búsqueda del empleo, más aún con los desajustes de tiempo entre despido y sentencia, porque un nuevo trabajo o un mayor salario reduciría paradójicamente la indemnización». Es decir, que la litigiosidad sería mayor porque las empresas querrían pagar menos y el trabajador cobrar más, se demorarían las sentencias, la persona despedida buscaría un nuevo trabajo y, si lo encuentra, las condiciones del mismo (según los criterios apuntados por el CEDS) podrían repercutir negativamente en el cobro de la indemnización por el despido del trabajo anterior.

En cambio, defiende Lahera, «la utilización del criterio objetivo del tiempo de servicio y salario, permite ir acumulando una mochila indemnizatoria, que le libera de la prueba del daño realmente causado en caso de despido improcedente. Es una cuantía cierta que tiene asegurada el trabajador, en cualquier circunstancia, sin tener en cuenta, por ejemplo, su capacidad de encontrar nuevo empleo, que puede ser rápida, y que se suma a una sólida protección social pública por desempleo».

Además, por parte de la empresa « la presencia de una cuantía cierta e igual para todos de indemnización del despido improcedente, logra un efecto neutro en la decisión de contratación. La indemnización abierta podría perjudicar la contratación de determinados colectivos de trabajadores, con circunstancias que conllevarían una mayor reparación extintiva, por ejemplo, el factor de mayor edad, asociado a menor capacidad para encontrar otro empleo», apunta Lahera. «La tasación legal otorga certidumbre, igualdad y seguridad en la decisión de contrataciones indefinidas, hoy tan extendidas gracias a la reforma laboral, sin estos efectos contraproducentes», concluye en un informe que puedes leer de forma íntegra.

Esto es así, defiende Lahera, porque la indemnización tasada «ayuda a salidas negociadas entre empresa y trabajador, sobre un mínimo legal, y reduce la judicialización, que se multiplicaría en un sistema casuístico y abierto, con un previsible desborde en los juzgados sociales, ya muy cargados de trabajo».

Con todos estos elementos, el catedrático de la Complutense concluye que «no parece aconsejable proceder a una reforma de la indemnización tasada del despido improcedente, ni cambiando el sistema a un despido a la carta, ni introduciendo la posibilidad judicial de cuantías adicionales en cada caso».

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