Cerca de 600.000 valencianos podrían pedir lo pagado de más por sus coches a los concesionarios

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana indica que esta es la estimación de afectados por la práctica de los concesionarios que inflaron los precios. No obstante, desde los servicios jurídicos de la organización puntualizan que falta ver la viabilidad del procedimiento de reclamación. «Hay que ver la posible prescripción y acreditación del perjuicio ocasionado. Los jueces no creo que lo vayan a poner muy fácil y ojalá me equivoque», explican.

La organización valenciana no ha tardado en recibir llamadas de usuarios interesados en reclamar dichas indemnizaciones, pero, a su vez, advierten de la proliferación de plataformas que buscan aprovecharse de la situación para sacar beneficio. «Hay alguna plataforma que ya tiene establecidas hasta condiciones económicas para el procedimiento. Cuidado que no se aprovechen de la desinformación», agregan las mismas fuentes, que alertan de que algunas de estas organizaciones que ya están tomando acciones legales se quedan el 30% de las cantidades recuperadas y el IVA. «Pero si pierdes no te cobran nada. Es aconsejable que los afectados se informen bien porque hay quien siempre quiere aprovecharse», insisten voces jurídicas de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el director del gabinete de información de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), Julián Tío, asegura que «es evidente» que se trata de un número «muy elevado» de afectados por la cantidad de vehículos vendidos por esas 23 marcas durante ese periodo de tiempo. «Estamos hablando de que se vendieron 10 millones en España. Luego, hemos de tener en cuenta que de todos esos compradores, sólo podrán llevar adelante la reclamación previa y posterior demanda aquellos que conserven los documentos acreditativos de la compra», matiza.

En ese sentido, Tío destaca que en algunos casos han pasado 15 años desde la adquisición, por lo que es «factible» que no tengan en su poder las facturas acreditativas de la operación. «Aun así, sí que creemos interesante y recomendable que cualquier persona que entienda que sus derechos han sido vulnerados, se encuentre en esa situación y pueda acreditarlo, valore iniciar las diferentes vías de reclamación ante las Asociaciones de Consumidores que les representen legalmente», agrega.

Fue en 2015 cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia detectó una serie de irregularidades por parte de 147 concesionarios de coches del 91% de las marcas que se venden en España. Estas prácticas fraudulentas vulneraban las normas anticompetencia constituían «un cártel para el intercambio de información secreta, futura y estratégica».

El pasado mes de abril, el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz falló a favor de un particular que reclamó lo pagado de más en su compra. A esto se suma la aprobación del Supremo de los fallos emitidos por la Audiencia Nacional en noviembre del 2019, que deja a los fabricantes sin posibilidad de presentar recursos.