El choque entre el Ayuntamiento y la Generalitat hipoteca el futuro de Feria Valencia

Valencia. Ni la más que complicada situación financiera que vive Feria Valencia, que acaba de traspasar gran parte de su enorme deuda a la Generalitat pese a que aún repercute de forma negativa en sus cuentas, ni una pandemia como la del coronavirus ha acelerado la negociación entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat para que el consistorio ceda los terrenos de la entidad a la administración autonómica, tal y como se había acordado. El choque de posturas entre las dos instituciones es evidente y lleva que el futuro de una organización tan fundamental para la Comunitat Valenciana penda de un hilo por un conflicto político entre PSPV y Compromís.

Desde el verano de 2020 el Ayuntamiento y el Consell están de acuerdo en que debe producirse un intercambio de los terrenos de la feria a cambio de inmuebles de titularidad autonómica con un valor similar pero el conflicto radica en que desde la conselleria de Hacienda se argumenta que, después de asumir la gigantesca deuda de más de 400 millones, el alcalde Joan Ribó podría aceptar propiedades con un valor algo menor para también poner de su parte, lo que lleva a que la negociación esté encallada. El último contacto del que se tuvo constancia es de principios de diciembre y desde entonces no parece que haya habido ningún avance.

De forma paralela se acerca una fecha límite, el 31 marzo, que es el momento en el que Feria Valencia deberá cerrar las cuentas. Desde la dirección de la entidad se trasmitió en un comunicado interno que es necesario abordar esta cuestión e incluso ir un paso más allá para suscribir un nuevo acuerdo que sustituya el de 2017, que establece las actuales reglas de juego. Si no es así el futuro de la institución queda muy comprometido ya que la cuenta acreedora generada por la que la deuda que asumió la Generalitat aún figura en la institución implica un agujero contable, que unido a las pérdidas de dos millones ocasionada por la pandemia, representa 92 millones.

Esta situación financiera lleva a que la dirección advierta de una «insolvencia inminente» de la institución, que «no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones». De hecho, señala que «ni tan siquiera podrá atenderse el pago de las nóminas». Además, si esto se confirma y ninguna de las dos partes da su brazo a torcer se podría entrar en un escenario incluso peor, el del concurso de acreedores. A partir de abril podría ser una realidad.

Por si el conflicto político no fuera suficiente, la pandemia obliga a que se aporten ingresos extra a Feria Valencia. La Generalitat asumió que debería inyectar hasta 11 millones a finales del año pasado y después de una primera aportación de 800.000 euros la entidad pide ahora una nueva remesa de 6 millones después de que hace pocos días se haya anulado Cevisama, su primer certamen anual.