La factoría de Ford se sumió en la preocupación ante las noticias sobre el cierre de la planta de Nissan en Barcelona, conocidas en plena negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), previo al Covid-19, para capear la caída de la demanda con despidos.
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La dirección redujo los 410 afectados iniciales a 350, tras aceptar que la futura planta de baterías se nutra de personal interno, y este jueves realizó una propuesta de indemnizaciones por despido y prejubilaciones similar al último ERE, de hace una década.
Según UGT, mayoritario, es «positiva» pero «incompleta en cuanto a garantías», por lo que hará otro planteamiento sobre salidas voluntarias y jubilaciones. Para STM, «debe mejorar la indemnización» y abrirlo a «otros colectivos y franjas de edad» para cubrirlo con bajas voluntarias.
En cualquier caso, crece el temor a que las consecuencias de un cóctel de dificultades vinculadas a la transición energética, las tensiones comerciales y el parón por el coronavirus superen con creces ese ERE, planteado en marzo por fabricar cien vehículos menos que un año antes.
En la factoría de Ford, que retomó la actividad con un ERTE escalonado hasta julio y apenas un tercio de su producción previa, la amenaza de cierre en Nissan es sinónimo de inquietud, resumida en el popular 'cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar'.
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Según Carlos Faubel, presidente del comité de empresa, «se veía venir porque el negocio se va a comprimir, se destruirá empleo y, entre la transición al eléctrico y ahora la crisis del coronavirus, seguro que habrá más situaciones de este tipo«.
En cuanto al futuro de Ford Almussafes, considera crucial el impacto definitivo del Covid-19, el éxito del nuevo Kuga y lograr la fabricación de motores híbridos para garantizar la continuidad de la planta de motores, que da empleo a mil personas y no tiene encargos más allá de 2023.
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Se trata de «conseguir un banderín de enganche de cara a la reestructuración en la que Ford decidirá qué hará y dónde«, explica el dirigente de UGT.
Además, Faubel reclama apoyo público en esa transición, sin «criminalizar» al sector, para alejar el «riesgo de que el automóvil también se convierta en algo importado de China«.
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