La Comissió Ciutat-Port, respaldada por un centenar de asociaciones y colectivos ciudadanos (entre ellos Per l'Horta o la asociación de vecinos de Nazaret), presentó ayer un informe jurídico que considera ilegal el proceso de construcción de la nueva terminal norte de contenedores del puerto de Valencia ya que no cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "válida", pues la autorizada en 2007 para las obras (la primera fase de la ampliación norte finalizó en 2012) está "caducada" y, por tanto, es "nula" para llevar adelante las obras de la segunda fase.
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Según el informe, que firma el abogado y exsecretario general de Podemos en la Comunitat Antonio Montiel, la DIA de 2007 "no es válida" ya que "perdió su vigencia" en diciembre de 2019, fecha en la que se agotó el plazo extraordinario de seis años otorgado por una disposición transitoria de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental para poner en marcha las DIA aprobadas con anterioridad o para solicitar una revisión.
Según Montiel, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha actuado con "soberbia" en todo el proceso y ha incumplido sus propios plazos de construcción. En este sentido, hacía referencia a que las obras de la segunda fase de la ampliación norte deberían haberse acometido entre 2015 y 2018 aunque no fue hasta ese último año cuando se activó el proceso actual.
Por ello, la Comissió Ciutat-Port insistió en que es necesario que el puerto someta el nuevo proyecto a una DIA "completamente nueva", ya que "lo proyectado es diferente a lo contemplado en aquella declaración", y anunció que acudirá a los tribunales en el caso de la APV siga adelante o "si Puertos del Estado autoriza la actuación" que, recordó Montiel, "es nula de pleno derecho".
Precisamente Puertos del Estado, que pertenece al Ministerio de Transportes, tiene previsto concluir este mes su informe sobre el anteproyecto remitido por Valencia para dictaminar si la DIA de 2007 es válida o no para el proyecto de la terminal norte de contenedores. Mientras, sobre el informe elaborado por Montiel sobre el estudio técnico realizado hace ahora un año por el ingeniero Pascual Pery, la comisión explicó que se ha remitido al ministro Ábalos, a Puertos del Estado, la APV, la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica.
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Por otro lado, la APV frenó ayer un intento de ciberataque que ha afectado sólo a cuatro ordenadores portátiles de trabajadores de las oficinas. Al parecer, un virus informático, cuyo origen se está investigando, ha intentado infectar los sistemas informáticos de la APV pero los mecanismos de seguridad han saltado de forma automática y han atajado el ciberataque antes de que llegara a más, según han explicado a Europa Press fuentes de la entidad.
De hecho, el puerto ha funcionado con normalidad en todo momento, al igual que el resto de ordenadores de la APV, aunque las oficinas están sin wifi temporalmente. La APV ha comunicado al Centro Criptológico Nacional el intento de ciberataque.
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