Clamor contra las ayudas que da España y a favor de subir impuestos al consumo y tocar las pensiones

En apenas unas semanas el Banco de España, la presidenta del Banco Central Europeo, AiREF y la OCDE, una organización internacional en la que están los países más importantes del mundo y cuyo objetivo es diseñar mejores políticas para una vida mejor, han coincidido en pedirle a España que suprima las ayudas que se crearon para combatir la crisis por la guerra de Ucrania y modificar aspecto básicos de la economía para reducir el déficit millonario que ararstra el país.

España se mantiene entre los países con más deuda de la eurozona y es algo que preocupa a los organismos económicos nacionales e internacionales. El Gobierno lanzó una batería de medias para frenar la inflación, como la bonificación del combustible para transportistas, la rebaja del IVA de la luz y determinados alimentos o las reducciones de impuestos energéticos, pero ya existe un clamor entre las grandes instituciones para que se eliminen rápidamente.

De momento el Ejecutivo, que de momento está en funciones a la espera de la formación de un nuevo Gobierno (o de la convocatoria de elecciones si no se consigue) sigue estudiando qué hacer con las ayudas a partir del 1 de enero de 2024, que es cuando expiran. Hace unos días remitió su Plan Presupuestario de cara al próximo ejercicio ante la Comisión Europea, y en ella no se contempla la prórroga de las ayudas. Sin embargo, el Gobierno, sabedor de que necesita el respaldo popular en estos momentos de incertidumbre política, puntualizó que el que no estén «no presupone que en el futuro no se puedan adoptar o prorrogar las medidas».

De momento, la OCDE considera que España debe adoptar un plan de medio plazo para acelerar el ritmo de reducción del déficit y advierte de que dicha consolidación fiscal probablemente tendrá que depender tanto de mejorar la eficiencia del gasto como de movilizar ingresos adicionales.

De este modo, la organización liderada por el australiano Mathias Cormann detalla, a modo ilustrativo, cómo podría obtener España ingresos y cómo podría reducir la deuda, y ofrece algunos ejemplos que afectan a las ayudas, los impuestos e incluso las pensiones. Estas son algunas de las ideas que aportan:

- eliminar algunos tipos reducidos del IVA supondría una recaudación extra de 5.000 millones de euros (0,4% del PIB)

- aumentar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco reportaría 1.300 millones (0,1%)

- subir los impuestos ecológicos, en particular sobre el carbono, unos 5.000 millones (0,4%)

- vincular la edad de jubilación legal a la esperanza de vida aportaría 1.500 millones (0,1%)

- aumentar la vivienda social en alquiler costaría 1.000 millones (-0,1%)

- incrementar las prestaciones en efectivo para las familias pobres con niños, otros 1.000 millones

- implementar las recomendaciones sobre gasto del Consejo Fiscal aportaría 2.000 millones (0,2%)

- aumentar la financiación para Educación y cuidado infantil costaría 1.500 millones (-0,1%), con un efecto neto neutro.

- aliviar los impuestos no recurrentes sobre la propiedad reduciría 1.500 millones (-0,1%)

- reducir la carga fiscal para los hogares de bajos ingresos con niños restaría 3.000 millones (-0,2%), con un efecto neto de 6.800 millones.

En el caso del IVA, la OCDE considera que el impuesto está «infrautilizado», ya que las exenciones y los tipos reducidos (especialmente en hoteles y restaurantes) reducen significativamente los ingresos por IVA y contribuyen a la mala eficiencia de España en la recaudación del impuesto.

En este sentido, sostiene que los tipos reducidos del IVA «benefician desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos» y plantea que el Gobierno podría considerar avanzar hacia un tipo único y uniforme del impuesto a medio plazo ampliando gradualmente la base del IVA y compensando a los grupos de ingresos más bajos mediante un gasto específico para reducir las distorsiones y lograr una mayor equidad.

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