Las claves de la nueva tarifa regulada de la luz

La situación económica que han vivido los consumidores durante el último año ha sido desalentadora. Desde el mes de febrero de 2022, en el que Rusia comenzó la invasión sobre Ucrania, la inflación que se venía experimentando en el mercado se disparó. Los alimentos comenzaron a encarecerse sin control hasta ahora que, aunque siguen creciendo, lo hacen de una forma mucho más moderada. Lo que también incrementó su precio, tal y como venía haciendo los meses anteriores, fue la luz. Los clientes vieron como sus facturas se elevaban mes tras mes ya que el precio se incrementaba a diario. Para evitar que, en caso de volver a vivir una situación así, la factura de la luz se dispare, el Gobierno ha dado la luz verde a la aprobación de una nueva tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) con el fin de proteger a los consumidores.

Hay varios aspectos acerca de esta nueva medida que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2024. Todos los consumidores verán como se les aplica esta nueva medida a través de sus facturas, por lo que no será necesario que se registren en ningún lado.

Sin embargo, para las comercializadoras de referencia (COR), aquellas designadas por el Gobierno y que están obligadas a suministrar la tarifa regulada entrará en vigor el próximo 1 de julio. Pero lo que realmente se preguntan muchos consumidores es cuánto se va a notar esta regulación en su factura de la luz.

Pues bien, el peso que tendrá esta medida se irá notando con el paso de los años. Es decir, la parte que estará regulada en la factura de la luz será de un 25% en 2024, de un 40% en 2025 y de hasta un 55% a partir de 2026, mientras que la indexación al contado irá perdiendo así su peso pasando del 75% el año que viene al 45% al final.

Además, el proyecto de real decreto introduce un nuevo componente en la estructura del PVPC para recoger el valor unitario del coste del bono social que deben soportar las comercializadoras de referencia. La facturación del precio voluntario para el pequeño consumidor pasaría a estar compuesto por la suma de los términos de facturación de potencia, de energía activa, de financiación del bono social y, en su caso, de energía reactiva.

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