Climent gastará 50.000 euros en un informe sobre cómo revertir las ITV y cuánto costará

En enero arrancó la cuenta atrás para revertir a la gestión pública la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana a partir de 2023, cuando expire la concesión actual, como prometieron los socios del Botánico de cara a su segunda legislatura en el poder.

Para preparar ese complejo proceso, desde la Conselleria de Economía ya preguntaron a las empresas que prestan el servicio de ITV qué plantillas tienen y cuánto cobran. Con esos datos en su poder, el departamento que dirige Rafael Climent, de Compromís, opta ahora por pedir ayuda externa para saber cómo hacerlo y qué desembolso supondrá para las arcas públicas.

De momento, gastará 50.000 euros en un informe sobre las actuaciones a realizar, cronología y coste económico previsto para la reversión a la Administración del servicio público de ITV. La licitación, publicada en el Portal de Contratación del Sector Público, da de plazo hasta el 23 de marzo para que los interesados presenten sus ofertas. Al día siguiente se abrirán los sobres con la documentación administrativa y los criterios sometidos a juicios de valor, y el 2 de abril, será el turno de las ofertas económicas.

El ganador deberá entregar todos los informes requeridos en un máximo de 18 semanas, en castellano y valenciano, formato digital y con texto editable, además de incluir una presentación de transparencias con las claves y conclusiones más relevantes.

En concreto, la empresa adjudicataria tendrá dos semanas para aportar una comparativa con las tarifas y costes de otras comunidades autónomas, y cuatro para analizar la situación actual del servicio de ITV en la Comunitat, básicamente todo aquello que Economía pidió ya a las concesionarias sobre las estaciones, relación de puestos de trabajo, funciones u organización.

En seis semanas desde la formalización del contrato, deberá aportar a la Generalitat el «modelo de red de estaciones de ITV deseable» que, entre otras cosas, defina «el mínimo número de estaciones que deberán construirse para que el servicio resulte eficiente y rentable económicamente, de modo que al menos el 90% de los vehículos de la Comunitat encuentren servicio de ITV con desplazamientos menores a 30 minutos«, para »reducir al mínimo la utilización de ITV móviles« y »proponer la existencia de estaciones de ITV temporales«.

En ocho semanas, la encargada de diseñar la hoja de ruta de la reversión prometida por el Botánico tendrá que detallar las actuaciones para poner en servicio la nueva red de estaciones de ITV y, una semana después, se le exigirá un informe sobre las distintas posibilidades de órgano gestor, incluida la definición de su estructura orgánica, departamentos y puestos necesarios, con sus respectivas funciones, así como el coste económico de la implementación y su funcionamiento.

En doce semanas, deberá detallar los pasos para la puesta en servicio de ese órgano gestor y la nueva red de estaciones de ITV. En trece, entregar un informe sobre la explotación del nuevo sistema de prestación del servicio de ITV y cuando se cumplan 14 semanas desde la firma del contrato, aportará la cuantificación económica de todo el proceso de reversión y puesta en servicio del nuevo modelo de gestión de ITV.

Entre otros conceptos, deberá analizar y cuantificar las actuaciones referentes a fianzas y otros efectos que pudieran derivarse de la reversión, además de desglosar los distintos componentes de la factura final para la Generalitat y analizar también el retorno de la inversión realizada.

A ese montante se sumaría, además, la reclamación patrimonial de más de noventa millones de euros por parte de las ITV por lo dejado de ingresar desde la bajada tarifaria de 2014 hasta que la Generalitat actualizó los precios en 2019, al año de ser firme su anulación, y también por el perjuicio derivado de la última bajada, anulada por la justicia pero en vigor hasta que dé por cerrado el proceso judicial y, en su caso, publique nuevas tarifas.