Los vehículos que tendrán que pagar peajes por usar las autovías: lo que el Gobierno le prometió a Bruselas

El Gobierno, la oposición y hasta Bruselas andan lanzándose unos a otros el pago por usar las autovías en España a partir de 2024. Unos llaman mentirosos a los otros, estos lo niegan, desde Europa aseguran que se hará si España quiere cobrar 8.000 millones de euros y nadie explica claramente en qué consiste la medida y cuándo entrará en vigor si finalmente se aplica.

Lo único que hay claro es que forma parte de la futura Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, que está incluida desde el año 2020 en el componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un ambicioso programa de reformas estructurales y legislativas orientadas a modernizar el país que el Gobierno remitió a la Comisión Europea.

En dicho Plan está recogido todo lo que España se ha comprometido a realizar para poder cobrar los fondos NextGeneration, y según confirma Bruselas, el pago por peaje está incluido en el quinto tramo mediante el cual nuestro país percibirá 8.000 millones de euros.

Textualmente explica el Plan que «en particular, esta Ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario «usuario pagador» y también del principio de «quien contamina paga»».

La ley prevé el posible desarrollo de un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país, todo ello en el marco de la normativa europea.

En concreto, se prevé establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías. Esta reforma introduce en España los principios «el que contamina paga» y «el que usa paga». La implantación efectiva de este mecanismo de pago por uso se podría realizar en el año 2024. De acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional.

Uno de los primeros elementos que se analizarán será si se adopta un sistema de viñetas, con las que se paga una cantidad fija al año para poder circular, o de peajes, que dependerá de la distancia que se recorre en cada momento.

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE VIÑETAS

A nivel tecnológico, la viñeta es fácil de implementar y puede ser controlada de la misma manera que lo son las etiquetas medioambientales de la DGT. Va asociada a una matrícula, con los datos del dueño del coche, que se introduce en una base de datos. Sería copiando el modelo de Portugal. aAl igual que ocurre en Austria, Portugal, Suiza o República Checa, será necesario instalar cámaras que lean tanto las matrículas como la viñeta para detectar infractores o viñetas caducadas.

Y ¿a quién afecta la medida? A los conductores, nacionales o extranjeros, de todo tipo de vehículos, ligeros o pesados.

El Plan detalla que «en particular la introducción de un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación en la red viaria estatal se dirige a los titulares de los vehículos que circulen por la Red de Carreteras del Estado ya sean nacionales o extranjeros».

«El tema será tratado con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo con ellos», apuntan, al tiempo que explican que «los particulares también se verán afectados, por lo que hasta el año 2024 se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida, orientada a sensibilizar tanto a los transportistas y a la población en general de la necesidad de la reforma.

La reforma se dirige tanto al sector profesional del transporte y la movilidad, como administraciones y población en general (incluyendo actores sociales, organizaciones y asociaciones que actúen en este ámbito, etc.). También se tratará el tema con las Comunidades Autónomas y otras administraciones, para determinar su voluntad de incorporar para las redes de carreteras de su titularidad.

«En el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se impulsarán las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores. De esta manera, se incentiva la búsqueda de la máxima sostenibilidad y eficiencia en el transporte», continúa el plan.

«La ley, que tendrá un carácter transversal y que incluirá competencias de varios ministerios, ya ha iniciado su andadura en el marco de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y tiene establecido un primer hito en el primer semestre de 2021 con la elevación del texto para primera lectura en Consejo de Ministros. Por último, su aprobación se espera para el segundo semestre de 2023», sugiere el plan, Sin embargo, estos plazos pueden variar por el cambio de Gobierno, aunque desde Bruselas han apuntado que evaluarán esta medida «cuando alcancemos la quinta petición de pago de España, así que no es una discusión para hoy». Es la idea a la que se aferra el Ejecutivo para aclarar que no va a haber peajes en las autovías españolas el próximo 1 de enero.

Puedes leer el plan en el que se promete la implantación de los peajes (páginas 14 en adelante).

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La justificación radica en que «con una red estatal que supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios. Esto está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial.

«La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de a generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero», continúa.

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