El Colegio de Auditores avisa de que la recuperación no llegará hasta finales de 2022

La ansiada recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus tardará en llegar más de lo esperado. Los principales indicadores ya han avisado de que en el repunte de la economía española para 2021 no compensará la debacle de este ejercicio pero han sido los auditores valencianos los primeros que se han atrevido a poner una fecha para esta prometida mejoría. Y la sitúan que en nada menos que finales de 2022.

Así se desprende del análisis de la situación económica 2020 que hizo público ayer el Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana, un colectivo especializado y que conoce de primera mano la situación de infinidad de empresas de la autonomía. Las conclusiones del informe, basado en cientos de entrevistas, son demoledoras y dejan claro que la dependencia del turismo lastrará la recuperación en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. De hecho, apunta que la caída del PIB para este año, estimada en el 9,6% por parte de Funcas, «será muy superior a las previsiones».

Esta situación coloca a la Comunitat en una situación de desventaja, lo que provoca mayor desigualdad frente a otras autonomías. «A esto se une la caída de la demanda global y la falta de tamaño de nuestras empresas», insistió Rafael Nava, presidente del Colegio de Auditores. Las consecuencias de esta crisis serán los despidos, el endeudamiento y la desaparición de muchas empresas ya que, como recuerda el documento, muchas firmas carecen de tamaño suficiente para sobrevivir una época así. Como es habitual, los más perjudicados volverán a ser los mayores de 50 años y los jóvenes.

Los auditores también avisan de que los datos de empleo empeorarán cuando decaiga la ayuda del Estado ya que estiman que entre un 15% y un 25% de los ERTE aprobados actualmente pondrían convertirse en despidos permanentes. «Las empresas valencianas deberían recibir incentivos que les permitan mantener el empleo y sus sistemas productivos», afirmó Nava.

Conscientes de que medidas como el toque de queda van a tener un impacto en la economía, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) apuntó ayer que es necesario que se cuente con la opinión de los agentes sociales y los sectores principalmente afectados, como se ha hecho hasta el momento.

«El buen funcionamiento del diálogo social en esta Comunidad ha permitido que las medidas se hayan adoptado teniendo en cuenta la situación epidemiológica pero también la coyuntura económica y las necesidades del tejido empresarial. El actual estado de alarma permite que siga siendo así, y en ese sentido es positivo, al ofrecer el paraguas jurídico necesario para tomar las medidas oportunas para contener el virus y amortiguar las consecuencias sobre la economía«, destacó Salvador Navarro, presidente de la CEV. La patronal espera que el estado de alarma vaya acompañado de medidas de apoyo a las empresas y los autónomos, máxime si se pretende prolongar a largo plazo.