El comercio alerta del impacto de la subida del salario mínimo en los negocios afectados por la dana

Para el presidente de la organización, Rafael Torres, esta decisión se produce en un contexto «especialmente delicado», marcado por los efectos de la dana del pasado 29 de octubre, que ha afectado gravemente a numerosas empresas y negocios, muchos de los cuales aún no han podido recuperar su actividad. «En este escenario, una subida sin un criterio moderador podría generar un efecto arrastre que dificultaría la recuperación del sector y contribuiría al aumento de la inflación«, ha apuntado Torres, que también es presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC).

La patronal del comercio ha expresado, además, su preocupación ante el incremento en un 4,41% del SMI (50 euros al mes) para 2025 sin contar con la representación empresarial en el proceso. «Esta situación genera incertidumbre para las pequeñas y medianas empresas y los profesionales autónomos del sector comercio, que constituyen la mayor parte del tejido económico de la Comunitat», ha remarcado.

En este sentido, Confecomerç considera fundamental que cualquier ajuste del SMI tenga en cuenta la evolución de los costes no laborales que impactan directamente en las empresas. Se trata de aspectos como el aumento del precio de los insumos, la energía y los servicios, que han elevado «considerablemente» la carga económica de los negocios.

Otro aspecto que califican de «preocupante» es la falta de consideración hacia la evolución de la productividad como indicador clave en la toma de decisiones salariales. La valoración del sector es que estas medidas «no responden a una evaluación realista de las condiciones económicas de las empresas del comercio».

Confecomerç también ha subrayado en un comunicado su preocupación por la tendencia «a debilitar el diálogo social con intervenciones gubernamentales que alteran los equilibrios alcanzados en materia de retribución y jornada laboral. Históricamente, estos aspectos han sido regulados mediante convenios colectivos firmados por organizaciones empresariales y sindicales, permitiendo su adaptación a las particularidades de cada sector».

A su juicio, que este tipo de medidas se implanten directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) podría reducir «significativamente» la autonomía colectiva y limitar la capacidad de las empresas para afrontar estos cambios de manera sostenible.